Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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La Comisión Permanente lamentó los hechos ocurridos en los últimos días en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán.

Y exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a intervenir rápida y oportunamente en el caso de los 10 estudiantes detenidos para verificar posibles violaciones  a sus derechos humanos.

Asimismo, le solicitó supervisar la aplicación justa de la ley, y si es el caso, ordenar medidas cautelares para protección de sus garantías.

De igual forma, pidió al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, que impulse una política basada en el diálogo, respeto a los derechos humanos y deseche el uso de la violencia.

Al presentar el punto de acuerdo aprobado por unanimidad, la diputada perredista Mary Telma Guajardo Villarreal manifestó que este conflicto no es un asunto menor, por lo que “tenemos que repudiar y rechazar que se siga reprimiendo y tratando de esta manera a los jóvenes de México”.

Explicó que “el violento desalojo” policiaco ocurrido la madrugada del sábado 28 de abril, tenía el objetivo, según las autoridades estatales, de abrir a la circulación las calles que habían sido tomadas por los inconformes y recobrar algunos vehículos oficiales retenidos.

Sin embargo, originó “detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, amenazas contra los manifestantes, vejaciones y violaciones a los derechos humanos”.

Consideró como anticonstitucional el “ingreso violento” de las fuerzas policiales a recintos universitarios, que derivó en la detención ilegal de 196 estudiantes y que finalmente sólo consignaron a 13 y 10 están sujetos a proceso.

A su vez, el diputado Humberto Benítez Treviño dijo que es necesario que la CNDH investigue si existe alguna violación a los derechos humanos de los 10 estudiantes detenidos.

Estimó que al aprobar este exhorto al gobierno de esa entidad el Congreso avala la función que tienen las escuelas públicas en el país.  

Por su parte, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, expresó que “hubo una actitud de torpeza por parte del gobierno del estado al acudir a expedientes del pasado, a la represión, procesamiento y al auto de formal prisión como se hacía durante los años sesenta y sesenta”.

En este sentido, agregó que “no solamente no les brindamos acceso a la educación universitaria a todos los estudiantes del país sino que además los reprimimos con violencia, lo que es violatorio al derecho a la educación de todos los mexicanos”.

 
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