Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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general 1La Comisión Permanente exhortó a la Procuraduría General de República para que, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de lavado de dinero, investigue el origen de los recursos en efectivo y bienes inmuebles asegurados a Javier Villarreal Hernández, familiares y socios.

Ello, con el propósito de determinar el posible daño patrimonial, así como la responsabilidad de otros involucrados en el caso.

A propuesta del senador priista Rogelio Rueda Sánchez, la asamblea modificó la propuesta original y suprimió el segundo punto del resolutivo que sugería exhortar a la PGR a que abriera una investigación para deslindar las responsabilidades de Humberto Moreira Valdés en los delitos que se le atribuyen a Javier Villarreal.

Al presentar el punto de acuerdo inicial, el senador panista Rubén Camarillo Ortega dijo que en el contexto del incremento de la deuda pública de Coahuila, que ascendió a 34 mil millones de pesos de 2005 a 2011, el ex titular del Servicio de Administración Tributaria de ese estado es prófugo de la justicia.

Agregó que Villarreal Hernández es buscado por la Interpol y la Procuraduría de Justicia de Texas ya le decomisó más de seis millones de dólares en cuentas bancarias y pretende incautar todos los bienes que adquirió en ese estado, entre los cuales se encuentran casas, centros comerciales y fraccionamientos.

Las investigaciones, subrayó, han descubierto que el ex funcionario, su esposa y otras personas, “conspiraron como grupo para cometer delitos federales y estatales de lavado de dinero, además de otro delito de involucramiento en actividad criminal organizada en dicho país”.

“Si bien los hechos conocidos hasta el momento involucran a ex funcionarios estatales manejando recursos públicos propiedad de los coahuilenses, debe determinarse si las cuentas bancarias de Villarreal Hernández en Estados Unidos involucran transferencias a bancos con operaciones en México”, dijo.

A nombre del PRI, el diputado César Augusto Santiago Ramírez, consideró que la PGR debe investigar el caso “hasta donde se pueda”, pero “sin necesidad de estos exhortos”.

El también diputado del PRI, Felipe Solís Acero, manifestó que “nadie puede estar al margen de la ley” ni sustraerse a las consecuencias de su aplicación por conductas que ameriten infracciones de carácter administrativo o penal.

“Exigimos la aplicación estricta de la Ley en todos los casos; impunidad para nadie”, puntualizó.

“No nos preocupa --añadió-- que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer, siempre y cuando se respete el principio de presunción de inocencia”, porque no se puede dar trato de acusado a quien está única y exclusivamente como señalado en una investigación.

En su turno, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del PRD, manifestó que “durante décadas este país ha estado envuelto en este tipo de eventos” y “ya estuvo de darle vueltas, por razones políticas, a asuntos que dañan la vida de una nación”.

En este contexto, subrayó que los ciudadanos no creen en las instituciones de impartición de justicia, pues “han caído en el descrédito” a tal grado que cualquier persona sabe “cómo se ha prostituido” esta función del Estado.

Por ello, se pronunció porque se aplique la Ley de manera “pareja”, pues en el combate a la corrupción “las instituciones creadas para tal efecto no han servido más que para utilizar el palo y el garrote cuando conviene a los intereses de quien está en el gobierno”.

Por el Partido del Trabajo, el diputado Jaime Cárdenas Gracia destacó que mientras no existan instrumentos eficaces para enfrentar la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos “viviremos en el subdesarrollo, atraso democrático y económico”.

Para evitar casos “escandalosos” como el de Coahuila, añadió, es necesaria la plena autonomía la Auditoría Superior de la Federación, de los ministerios públicos, las procuradurías y de los institutos de transparencia y acceso a la información gubernamental a nivel federal y estatal.

Además,  dijo, se debe establecer como sujetos obligados a la transparencia no sólo a las instituciones públicas, sino también a partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación electrónica, organizaciones empresariales y ejidos.

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