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El grupo plural de senadores que dio seguimiento a la problemática generada por la construcción del Acueducto Independencia en Sonora, constató, de acuerdo a documentación jurídica, que el gobierno de esa entidad “se encuentra en una situación donde se violenta presuntamente el Estado de derecho”

Asimismo, concluyó que en el mismo supuesto se encuentran funcionarios públicos “y el mismo gobernador”, ya que han incurrido en desacato al no cumplir diversas resoluciones judiciales que suspenden provisionalmente la obra.

Lo anterior, se especifica en el informe final que legisladores del PAN, PRI y PRD dieron a conocer a la Mesa Directiva y en donde exponen las conclusiones a las que llegaron después de reunirse y escuchar a todos los involucrados en el conflicto y revisar  los documentos jurídicos que se han emitido al respecto.

En el reporte se explica que dicho Acueducto es una obra hidráulica que forma parte del programa “Sonora Sí”, que comprende la construcción de 132 km de tubería con un diámetro de 48 a 52 pulgadas.

Con esa construcción se trasvasarán 75 millones de metros cúbicos anuales de la presa El Novillo, que se nutre del río Yaqui, hasta la Ciudad de Hermosillo, a fin de subsanar el déficit de suministro de agua para uso doméstico.

Ante ello, la tribu Yaqui decidió demandar judicialmente a las autoridades gubernamentales, ya que de concluirse la obra hidráulica podrían perder sus tierras productivas.

También acusaron al gobierno de falsificar firmas y sellos de las autoridades tradicionales del poblado, por lo que han “sufrido desde hace meses un hostigamiento permanente para que se desistan de las acciones legales que han emprendido”.

Por otro lado, los senadores destacaron que la Auditoria Superior de la Federación denunció que en el desarrollo del concurso de licitación para el Acueducto se incurrió en irregularidades procesales que limitaron la competencia entre las empresas.

Por ello --se explica en el documento-- la ASF emitió un dictamen negativo en 2010 para señalar que las irregularidades denunciadas acerca del proceso de otorgamiento de la licitación correspondiente deben ser investigadas y en su caso sancionadas.

En este sentido, consideraron que existen “intereses político-económicos muy fuertemente encontrados entre autoridades gubernamentales, productores agrícolas y la ciudadanía en general.

Además, expresaron que se “han instrumentado campañas públicas que sólo han ampliado la polarización de las partes, y por lo tanto han llevado la situación a un impasse, del cual los más afectados han sido los ciudadanos sonorenses”.

Por ello, estimaron pertinente que el Senado de la República exhorte al apego total del Estado de derecho, “ya que el cumplimiento y observancia de la ley son un elemento importantísimo y clave en el desarrollo de la democracia, pero sobre todo en la legitimidad de los gobiernos frente a sus gobernados”.

De igual forma, se pronunciaron a favor de hacer un llamado a los actores que intervienen en este conflicto para que tengan como prioridad el cumplimiento de todos los actos de autoridad, así como lograr una sensibilización sobre el tema para ser resuelto de manera pacífica y bajo los principios jurídicos que corresponden.

Cabe recordar que la Cámara de Senadores acordó en noviembre de 2011, crear un grupo plural que investigara y diera seguimiento al conflicto entre el pueblo Yaqui y el gobierno de Sonora, por la construcción del Acueducto Independencia.

Fue así que esta comisión legislativa se dio a la tarea de recabar la información correspondiente relacionada con el tema y con el presunto desacato de las autoridades.

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