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Ante la globalización del crimen organizado, presidentes de poderes legislativos de Centroamérica y el Caribe, instaron a “armonizar y modernizar” la legislación de sus países en materia de seguridad y administración de justicia a fin de erradicar la trata de personas.
En ese sentido, Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia (CISCAJ), sostuvo que es tiempo de que los congresos latinoamericanos brinden las herramientas jurídicas a sus gobiernos para luchar contra este flagelo que aqueja a la ciudadanía en la región.
“La legislación de los países de la región en materia de seguridad y administración de justicia, requiere ante la globalización del crimen organizado, la modernización y armonización para mejorar las herramientas que el Poder Legislativo brinda al Poder Ejecutivo”, señaló.
Al clausurar la II Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia, en el Senado, García Rodas aseguró que otro de los puntos medulares acordados por los parlamentarios es insistir en proyectos y programas que ayuden a combatir al crimen organizado y la inseguridad que vive esta zona.
Además de que cada país lidere un marco regional en temas considerados prioritarios para este año: El Salvador, Armas pequeñas y ligeras; Costa Rica, Empresas de Seguridad Privada; México, Trata de Personas; República Dominicana, Armas Cortas; Nicaragua, Reforma Policial; y Honduras, Sicariato y Maras.
Destacó que la CISCAJ toma como ley marco para el delito de trata de personas La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, aprobada por el Congreso mexicano.
Por su parte, Javier Morazán, presidente de la Asociación de Fiscales de Centroamérica, aceptó que de América Central hacia México, existe un fuerte movimiento de víctimas de trata de personas como destino final.
“Esa es la situación que nosotros tenemos en nuestra región. ¿Esto qué significa? Que el fenómeno no se queda en un solo país, puede existir trata de personas en lo interno, pero también existe trata de personas a nivel internacional”, agregó Morazán.
El funcionario sostuvo que el fenómeno de trata de personas involucra al menos a dos o tres países: el de origen, el de tránsito y el de destino de la víctima.
“De ahí --dijo-- la necesidad de homologar para uniformar una legislación, a fin de que sea perseguido y sancionado el tratante de personas de una manera similar en cualquiera de los países donde se genere el delito”.
Por su parte, la diputada mexicana Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, dijo que este delito es una violación grave de los derechos humanos que requiere una acción inmediata y general de los países que integran América Latina y el Caribe.
“La trata de personas es un delito de orden transnacional contra el cual se requiere la cooperación bilateral y multilateral entre los países a fin de combatirlo eficazmente. El problema requiere de un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino”, agregó.
La legisladora participó en el tema Armonización Legislativa sobre la Trata de Personas y Esclavitud Sexual, en el que abordó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, la cual destaca que este flagelo, aun sin importar dónde se cometa, pueda ser perseguido en todo el territorio mexicano.
“Con esta nueva ley las víctimas recibirán atención, protección y asistencia integral hasta lograr su reinserción social y protección para las víctimas y sus familias”, concluyó la legisladora.
A mediados de julio próximo se llevará a cabo en República Dominicana la tercera reunión de CISCAJ, “ya que existe la preocupación sobre la comercialización y contrabando de armas y municiones que se genera hacia la región de Centroamérica y el Caribe”.
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