• El Pleno del Senado de la República aprueba reformas a los artículos 2, 4, 5, 7 y 8 de la Ley Agraria.

El cuidado y la atención al medio ambiente es una tarea compartida de las distintas dependencias que conforman la administración pública federal, de ahí la importancia de incluir claramente en el texto de la Ley Agraria que se garantizará el desarrollo sustentable en las políticas públicas, aseguró el senador por el estado de Yucatán, Daniel Ávila Ruíz.

Al posicionar a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos por el que se reforman los artículos 2, 4, 5, 7 y 8 de la Ley Agraria en pro del desarrollo sustentable de las regiones, el legislador yucateco refirió que con estas acciones se busca proteger al medio ambiente a partir de la adaptación y mitigación del cambio climático.

Agregó que estas modificaciones tienen la intención de armonizar la Ley Agraria con los principios rectores de medio ambiente que se establecen en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De esta manera, precisó en Tribuna el legislador, la “Ley Agraria establecerá pautas legales para que las dependencias competentes de la Administración Pública Federal fomenten el cuidado y conservación de los recursos naturales, se aprovechen de manera racional y sostenida, a fin de preservar el equilibrio ecológico, los ecosistemas y la biodiversidad, sin afectar la producción y beneficios de la tierra a favor de los pobladores y trabajadores del campo”.

Ávila Ruíz expuso que con estas modificaciones se busca mejorar y elevar las condiciones de vida de las personas que habitan en los espacios rurales sin afectar su cultura y su estilo de convivencia, es decir, añadió reconocer su participación en la preservación del equilibrio ecológico en beneficio de nuestro país y de todo el mundo, porque significa la sobrevivencia del ser humano a partir del cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos naturales.

Asimismo, con estas reformas, se armoniza la Ley Agraria con el artículo 27 de nuestra Constitución y, por otra parte, son congruentes con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y con los compromisos contraídos en varios convenios internacionales, entre los cuales se encuentra la Agenda 21 suscrita en 1992, en Rio de Janeiro Brasil, en la que reconocemos  que el derecho al desarrollo debe ejercerse equitativamente, alcanzar el desarrollo sustentable a partir de la cooperación de todas las personas en la tarea de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades en los modelos de vida y satisfacer las necesidades de la mayoría de las poblaciones mundiales, finalizó el legislador