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El Senado de la República reformó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de remarcar los principios de igualdad, no discriminación y atención integral.

Asimismo, se categorizan a este sector de la población como mayores independientes, semidependientes, dependientes absolutos, así como en situación de riesgo y desamparo.

De igual forma, se agregan principios como el respeto a la capacidad de decisión de las personas adultas mayores y a su dignidad e individualidad.

Con esta reforma los apoyos económicos entregados con motivo de los programas sociales federales a las personas adultas mayores, se harán por los medios que faciliten su acceso a este beneficio, como depósito en una cuenta bancaria o la implementación de tarjetas electrónicas para tal efecto.

Por otro lado, los senadores incluyeron la obligación del gobierno federal, los estados, municipios e instituciones privadas para crear albergues y casas hogar para los adultos mayores, debido al aumento poblacional de este grupo social.

También, consideraron como derecho a favor de los adultos mayores, el tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.

Para ello, deberán contar en sus normas de operación con los lineamientos que garanticen la disponibilidad de asientos, cajas, ventanillas y cualquier otro medio o lugar accesible y especialmente destinado para las personas de la tercera edad.

En la exposición de motivos se indica que actualmente México cuenta con 10 millones 612 mil 489 personas mayores de 60 años, es decir el 6.1 por ciento de la población total.

La curva demográfica alerta sobre el crecimiento de la población de adultos mayores, ya que diariamente 800 personas pasan a formar parte de la spersonas de la tercera edad.

Adicionalmente, se estima que para el año 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y para el 2050 sumarán 42 millones.

En ese orden de ideas, los senadores señalaron que esta dinámica poblacional y económica obliga a prever los retos venideros como el deterioro en la calidad de vida en cuanto al ámbito de la salud, socio-económico, alimenticio, psicológico, socio-familiar y brindar más y mejores oportunidades al adulto mayor.

El dictamen, producto del análisis de cinco iniciativas, se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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