Número-1308
- De acuerdo al reglamento, Senado concluye sesión por falta de quórum
- Los senadores debatieron la viabilidad de que los gobernadores participen y externen opiniones sobre la ley de seguridad interior.
Ante la falta de quórum, el Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales, dio por concluida la sesión ordinaria, mientras se recogía la votación nominal, en torno a un punto de acuerdo para solicitar la opinión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en relación a las cuatro iniciativas sobre seguridad interior que han sido propuestas y que son analizadas en el Congreso de la Unión.
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en su artículo 59, numeral 2, señala: “Si en el transcurso de la sesión se produce la falta de quórum en alguna votación nominal, el presidente declara concluida la sesión”.
El punto de acuerdo que se debatió fue presentado por el senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM, y refiere que la Conago constituye un foro donde están representados los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, por lo que se estima oportuno solicitar su opinión consensada.
En el Congreso de la Unión se analizan: una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, propuesta por el diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 11 de noviembre de 2015; la Ley de Seguridad Interior, del senador Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del PAN, presentada el 13 de septiembre de 2016.
El proyecto de Ley de Seguridad Interior presentada por los diputados César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, el 27 de octubre de 2016; y la Ley de Seguridad Interior del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 11 de enero de 2017.
Para la discusión del punto de acuerdo se inscribieron 23 senadores de los diversos grupos parlamentarios.
El senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, inició el debate de la propuesta y señaló que las iniciativas proponen la militarización del país, lo cual deriva de una presión de los Estados Unidos.
Fernando Torres Graciano, senador del Grupo Parlamentario del PAN, subrayó que la discusión sobre la función de las Fuerzas Armadas se motiva por la fallida política de seguridad pública del actual gobierno federal; y añadió que fue un error desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y concentrar el trabajo en la Secretaría de Gobernación.
En su turno, la senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que aprobar una ley de seguridad interior “es legitimar un Estado de excepción, es sentar las bases para un proceso de militarización, es dotar de un marco legal a lo ilegal, para justificar la actuación de soldados como policías es darle un marco legal a la dictadura”.
A su vez, el senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI, urgió a las fuerzas políticas del Congreso a no posponer más la discusión y aprobar una legislación en materia de seguridad interior de “vanguardia” que dé certeza al Ejército en su actuación.
Del Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que se debe trabajar en una ley de seguridad pública, y consultar a quienes están preocupados por el país, no solamente a los gobernadores, “a quienes hay que quitarlos de su comodidad. Tienen bronca y piden que el Ejército vaya y les resuelva el problema, en lugar de resolver el problema de fondo”.
El senador del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, enfatizó que la ley de seguridad interior, no va ayudar a pacificar al país; no obstante, reconoció que es necesario contar con los elementos jurídicos para el desempeño de las Fuerzas Armadas del país en esta materia.
El senador Manuel Cárdenas Fonseca, cuestionó el punto de acuerdo, pues enfatizó que la Conferencia Nacional de Gobernadores no cuenta con una figura jurídica y, asimismo, preguntó a los gobernadores qué han hecho con los recursos que se les asigna para el combate a la inseguridad.
La senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, aseveró que se debe dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, e indicó que es urgente un rediseño institucional de la función de las policías del país.
Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT, se pronunció en contra al considerar que la Conago asume funciones que son facultad exclusiva del Congreso, y consideró, además, que dada la baja confianza de la ciudadanía hacia la autoridad, “no es el espacio, tiempo, coyuntura, ni éste debe ser el gobierno encargado de meter la mano en un tema trascendental”.
El senador Héctor David Flores Ávalos avaló la propuesta; sin embargo la propuesta del PAN busca fortalecer a las instituciones policiales locales y estatales para dar certeza a las instituciones civiles y a las actividades de las Fuerzas Armadas; contrario a la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados, que plantea “un Estado de excepción que no es una salida seria”.
Dolores Padierna Luna apuntó que el PRD no respalda la propuesta, pues se da en un falso debate, donde se afirma ha disminuido la violencia, cuando “el uso del Ejército en materia de seguridad pública es una de las causas de aumento de la criminalidad”, e indicó que estudios del CIDE revelan que operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas se equiparan a las llevadas a cabo en un conflicto armado.
La senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, agregó que entre los pendientes que existen para brindar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas se debe definir el tipo de armamento que pueden utilizar en tareas de seguridad pública, delimitar sus espacios de actuación y regular las actividades de inteligencia.
Fidel Demédicis Hidalgo, senador del Grupo Parlamentario del PRD, hizo un llamado para hacer valer el actual artículo 21 de la Constitución, relativo a la seguridad pública, porque la participación del Ejército para la pacificación del país, generar gobernabilidad o respetar los derechos humanos “no ha sido efectiva” en esta materia.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, el senador Roberto Gil Zuarth expresó que desde los años noventa el combate a la delincuencia organizada es responsabilidad federal “y por esa razón las Fuerzas Armadas han estado en este esfuerzo”.
El senador del PRD, Mario Delgado Carrillo dijo que por más que se le dé la vuelta al concepto de seguridad interior, se está legalizando la presencia de los militares en la calle, “si de verdad queremos proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas, tenemos que programar su retiro, evitando que hagan tareas para los cuales no están preparados”.
El senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas expresó que las Fuerzas Armadas representan un pilar para el desarrollo del país, “ya que sólo han demostrado lealtad, amor y compromiso con México”, siempre están presentes en los momentos más difíciles y complicados del país.
El senador del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez, advirtió que tener a las Fuerzas Armadas en las calles provoca que haya un desentendimiento de los gobiernos estatales y municipales para no capacitar y depurar a las policías, “es más fácil exigir la presencia del Ejército o la Marina que profesionalizar a sus cuerpos policiacos”.
La senadora María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN, comentó que la ley de seguridad interior debe ser un instrumento legal que no atienda a tientes políticos, una herramienta para regular el trabajo coordinado de cuerpos policiacos y Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. También pidió que se escuche a la Conago.
El senador independiente Armando Ríos Piter mencionó que en Guerrero no hay policías, y lo que nos queda como país es el Ejército, que le da a los guerrerenses la mínima sensación de que su fragilidad tiene, por lo menos, a alguien del Estado ahí presente, pero esto no significa que no haya violación a los derechos humanos.
Enrique Burgos García, senador del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que a la par de garantizar la seguridad individual también es un compromiso asegurar los derechos humanos, “eso está fuera de discusión”.
En su oportunidad, la senadora panista Adriana Dávila Fernández comentó que el tema central de este debate es analizar si se consulta o no a los gobernadores; no se están viendo los contenidos de una ley, precisó.