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La Cámara de Senadores aprobó  este martes una reforma para  evitar el anonimato en la utilización de autos blindados pero sobre todo impedir su uso con fines delincuenciales.

Por tanto, las empresas que  fabriquen, ensamblen o blinden vehículos en el territorio nacional deberán asignar a éstos un número de identificación, que será un elemento que servirá para ubicarlos en el Registro Público Vehicular.

En México la demanda de vehículos blindados ha crecido, debido a  la ola de violencia desencadenada por la delincuencia, sin que este tipo de servicios se encuentren delimitados ni sometidos a restricciones en cuanto a su alcance  y responsabilidades de las empresas de blindaje.

Para respaldar el dictamen a la minuta de la colegisladora, los senadores tomaron en cuenta que la venta de automóviles bajo blindaje  se incrementó por lo menos un 20 por ciento,  según la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA).

Además, las  ventas de este tipo de unidades en el mercado de usados se elevaron aproximadamente un 40 por ciento, en tanto que el 80 por ciento de los adquirientes son  particulares en un afán de protegerse de ataques de la delincuencia  y con ello para prevenir ser víctimas de secuestro.

Las Fuerzas Armadas --se indica en la exposición de motivos-- han informado que de los vehículos asegurados a la delincuencia se observa un crecimiento en  el número de los móviles blindados.

Esto  da una idea del valor estratégico que para los grupos criminales revisten  estos vehículos tanto para perpetrar delitos de alto impacto  como para protegerse de la aplicación de la ley penal por parte de las instituciones de seguridad pública y de las procuradurías de justicia del país, se subraya.

Ante ello, los senadores consideraron viable modificar la Ley  del Registro Público Vehicular para crear un compendio registral que sistematice los datos de los usuarios de autos blindados,  sin que ello implique generar nuevas estructuras administrativas, ni gastos operativos que incidan en la disponibilidad presupuestaria.

Estimaron que además de la disuasión que implica  tener que inscribir los vehículos blindados en el Registro, establecer dicho deber en la ley contribuirá a la investigación de los delitos y a identificar redes o vínculos criminales.

La reforma al artículo 13 de la citada legislación fue remitida al Ejecutivo federal.

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