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Como parte de las acciones para erradicar la discriminación y con el objeto de establecer la inclusión de igualdad laboral y porcentajes de género en el Gobierno federal, la senadora Cristina Díaz Salazar propuso una iniciativa para modificar la Ley Federal de Entidades Paraestatales en materia de porcentajes de género.
“Las entidades paraestatales gozarán con perspectiva igualitaria en su integración, el objetivo es promover y fomentar las condiciones que imposibiliten la discriminación, y permitan la igualdad de oportunidades entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida económica y laboral del país”, indicó.
La legisladora del PRI explicó que, de aprobarse su iniciativa, los miembros propietarios de los Órganos de Gobierno, los Consejos de Administración o sus equivalentes de las entidades de participación estatal mayoritaria, cuando menos un tercio deberán ser del género femenino y cuando éste celebre sus sesiones se deberán incluir al menos a dos miembros del género menos representado.
“Asimismo, el porcentaje de representación de género establecido en cuando menos un tercio, deberá alcanzarse de manera progresiva. Para este efecto, será de cuando menos el 10%; al tercer año será de cuando menos 20%; y al quinto año, deberá alcanzarse cuando menos un tercio para permanecer así”, detalló.
Asimismo, señaló, la organización, administración y vigilancia de las empresas de participación estatal, incluirán en todo momento lo relativo a la perspectiva igualitaria y a la participación de género.
Los Directores Generales Estatales, dijo, presentarán de manera anual al Órgano de Gobierno y al Coordinador de Sector, los programas y políticas de inclusión que establezcan, así como los avances que presenten en su implementación, establecerán mecanismos adecuados de evaluación por lo menos dos veces al año.
Aclaró que con su propuesta se podrán generar condiciones equitativas e incentivar a las mujeres porque esta iniciativa, mencionó, transciende de los porcentajes formales que las leyes electorales marcan, para garantizar una real participación de las mujeres.
