Número-1182

  • Senadores coinciden en que no existen estadísticas oficiales para conocer la incidencia delictiva de estos delitos.
  • Gobernación ha sido omisa en la generación de programas de prevención en materia de trata de personas: senadora Adriana Dávila.

 

El Senado de la República aprobó con 89 votos a favor el dictamen a fin de que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas tenga entre sus objetivos difundir sus programas, acciones y tareas en este ámbito.

 

Al presentar el dictamen ante el Pleno –que modifica la fracción III del artículo 84 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos– la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, mencionó que cualquier pronunciamiento ayuda a visibilizar el problema que tenemos en el combate a este delito.

 

Explicó que, en diciembre de 2016, se presentó el informe de la Comisión Intersecretarial que evidencia la simulación en el supuesto combate en las entidades federativas: cifras que no concuerdan, no se encuentran, nacionalidad desconocida de las víctimas, datos que se reportan de una manera y que luego no coinciden.

 

Durante la sesión ordinaria de este martes, la senadora destacó que la Secretaría de Gobernación (Segob) ha sido omisa en la generación de programas de prevención y en la evaluación sobre cómo se atiende a las víctimas, que aparentemente son rescatadas por las autoridades en materia de trata de personas.

 

La senadora destacó que las funciones que la Comisión Intersecretarial se modifican para establecer como parte de sus obligaciones la difusión de sus programas de prevención, a fin de que “pongamos todos atención en lo que está pasando en este país”.

 

El senador Héctor David Flores Ávalos, quien presentó el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, mencionó que no existen estadísticas oficiales disponibles o suficientes para conocer la incidencia delictiva de estos delitos, lo que en cierto modo establece una lucha a ciegas por parte del Estado.

 

Señaló que la preponderancia de que los entes públicos generen información es vital, pues por medio de ésta ciudadanos y organizaciones pueden hacer un análisis crítico de las funciones que realizan los entes estatales, y crear verdaderos contrapesos ante las autoridades que pretendan vulnerar derechos fundamentales, o actual al margen de la ley.

 

El objetivo de la iniciativa, expuso Flores Ávalos ante el Pleno del Senado, es fortalecer los mecanismos de acceso a la información, con mayor razón en un rubro tan sensible como el combate a la trata de personas.

 

La senadora Cristina Díaz Salazar comentó que al ser un país de origen, tránsito y destino del delito de trata de personas, México tiene la altísima responsabilidad de garantizar el cumplimiento y restricto de las normas encaminadas a erradicar este tipo de ilícitos, para comprender la relevancia del tema.

 

Dijo que es fundamental fortalecer los mecanismos de acceso a la información, y recalcó además que los desafíos son múltiples, pero destaca la ausencia de estadísticas oficiales, no están disponibles o no son suficientes para conocer la incidencia delictiva de estos delitos.

 

Con este presente asunto, explicó, se establece la obligación de difundir información estadística, de planes, programas y acciones acerca del fenómeno delictivo, preservando en todo momento la información susceptible de confidencialidad y reservas por razones de obviedad.

 

El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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