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El Senado reformó el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud para considerar como delito grave la alteración y contaminación de bebidas alcohólicas e imponer de tres hasta nueve años de prisión a quién incurra en esos ilícitos.
Además, estableció una sanción de seis meses a tres años de cárcel y de 50 a 250 días multa para quien adultere o falsifique bebidas alcohólicas.
Cuando se trate de bebidas alcohólica alteradas, precisa el dictamen, se prevé una sanción de tres a siete años de cárcel y de 250 a 500 días multa, y para quien contamine dichos productos se impondrán de cinco a nueve años de prisión y de 500 a mil días multa.
Las mismas penas, se subraya, se aplicarán a quien, a sabiendas por sí o a través de otro, expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.
Luego del debate, la asamblea senatorial aprobó en lo general el dictamen con 72 votos a favor.
En lo particular, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez presentó una reserva al Artículo 194 del Código, a fin de no tipificar como delito grave la alteración de las bebidas alcohólicas, misma que no fue aceptada por la asamblea.
El senador Ramiro Hernández García indicó que en México el 60 por ciento de las bebidas alcohólicas que se venden son de “dudosa procedencia” y resultado del contrabando.
En este sentido, el legislador priista señaló que de acuerdo a datos de la Cámara de la Industria de Vinos y Licores del total de bebidas alcohólicas que se consumen en nuestro país, entre el 45 y 50 por ciento son adulteradas y seis de cada diez botellas son falsificadas.
Aunado a ello, mencionó que cantidades industriales de estos productos se venden de manera impune y dejan enormes ganancias tanto a sus productores como a los distribuidores.
Recordó que tan sólo el año pasado, 83 mil litros de bebidas modificadas fueron aseguradas y quienes realizan estas actividades ilícitas cuentan con una infraestructura debidamente establecida y con redes organizadas dedicadas al reciclaje de botellas vacías y falsificación de sellos.
A su vez, el senador perredista Arturo Herviz Reyes destacó que la comercialización de estos productos provocó una reducción del 30 por ciento del mercado formal y la pérdida de seis mil empleos directos y 120 mil indirectos.
Mencionó que el tequila es la principal bebida falsificada del país pues se han vendido alrededor de 60 millones de litros adulterados en los últimos tres años.
Herviz Reyes subrayó que la Procuraduría Federal del Consumidor estimo que de cada diez botellas en el mercado nacional cuatro son de licor adulterado, mismas que resultan atractivas al consumidor por su bajo precio y que se encuentran lo mismo en tianguis, discotecas y bares.
Advirtió que este problema representa “una grave amenaza a la salud pública”, ya que va en aumento y pone en riesgo la vida de las personas que consumen bebidas de este tipo.
El dictamen al proyecto que envió la Cámara de Diputados contemplaba sancionar a quienes cometieran estos delitos como miembros de la delincuencia organizada, pero fue modificado por los senadores porque se produciría “una enorme discordancia entre los efectos del delito y la severidad de la pena”.
Por ello, el documento se devolvió a la colegisladora para sus efectos constitucionales.
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