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Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública acordaron introducir la figura de “promoción post mortem”, a través de la cual será ascendido al rango inmediato superior aquel elemento de los cuerpos policiacos que pierda la vida en el ejercicio de sus funciones.
Los senadores consideraron que es justo y legítimo reconocer a todos los que eligieron voluntariamente sobreponer el salvaguardar la vida y proteger los derechos de otras personas por encima de su integridad física.
“Desafortunadamente –dijeron—esta participación se ha visto traducida en un mayor número de enfrentamientos en contra de integrantes del crimen organizado, lo que deriva en un elevado número de elementos policiacos gravemente heridos o que han perdido la vida”.
En el dictamen a la minuta de la colegisladora, se hace notar que 289 elementos de la Policía Federal han perdido la vida de 2006 a julio de 2011, cifra a la cual se deben sumar quienes pertenecen a las policías estatales y municipales que han fallecido en el cumplimiento de su deber.
Con este cambio avalado este miércoles, las instancias responsables del servicio de carrera policial reunirán los elementos de juicio que acrediten las circunstancias extraordinarias y, de ser el caso, propondrá al secretario a cargo de la institución la promoción post mortem del policía.
También faculta a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal para remitir al Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe anual que contenga las consideraciones y valoraciones para el otorgamiento de las promociones otorgadas.
De esta forma, los beneficiarios de los policías ascendidos tendrán derecho a las prestaciones sociales correspondientes al grado inmediato superior concedido, independientemente de los años de servicio y años en el grado que haya cumplido.
Solicitan senadores informe sobre investigación del Casino Royale
En la misma sesión de trabajo se aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República y al gobierno de Nuevo León, un informe sobre los avances en el caso del Casino Royal, mientras que a las comisiones Nacional de Derechos Humanos y estatal, entorno a la atención a los lesionados y familiares de las víctimas.
El reporte deberá referirse al apoyo, por parte de las autoridades locales, en cuanto a la reparación del daño, gastos funerarios, asesoría jurídica, apoyo psicológico e indemnizaciones.
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