Número-1028

  • Comparecen ante Comisión de Justicia ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Derecho de réplica, límites a la libertad de expresión y principios de austeridad en contiendas electorales, temas que abordaron.

Los alcances del modelo de comunicación política, derecho de réplica y límites a la libertad de expresión, así como principios de austeridad en las contiendas electorales, fueron algunos de los temas que analizaron senadores de la República y los nueve candidatos para ocupar el cargo de magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los aspirantes comparecieron ante la Comisión de Justicia, que preside el senador Fernando Yunes Márquez, en el orden en que fueron presentadas las ternas a la Cámara de Senadores por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Adriana Bracho Alegría, candidata de la primera terna para la Sala Regional Especializada, consideró que se requiere “un piso parejo” en la cobertura informativa para todos aquellos que quieran contender en los comicios, pero sin que se utilicen a los medios de comunicación para hacer propaganda política.

Para María del Carmen Carreón Castro, se requieren “ajustes” al modelo de comunicación política, con el propósito de acercar a la ciudadanía las propuestas y plataforma política de los candidatos a un cargo de elección popular, así como para incluir principios de austeridad en las campañas electorales.

En opinión de Ricardo Antonio Silva Díaz, el control de la libertad de expresión tiene que ser sumamente cuidadoso y excepcional, verse como un derecho que permite informar a la ciudadanía para promover el debate público, porque una democracia “no puede sostenerse sin ella” ni ésta puede verse como un vicio dentro de la propia contienda electoral.

De la segunda terna para la Sala Regional de Guadalajara, Jalisco, Primera Circunscripción, Teresa Mejía Contreras expresó que en materia de violencia política, se deben analizar los casos de manera concreta y con las pruebas necesarias para demostrar los hechos, resarcir el daño y volver al orden constitucional.

Rodrigo Moreno Trujillo asentó que no debe de existir “una limitante o restricción” para que los candidatos independientes puedan participar en un proceso electoral por el principio de representación proporcional.

Para Jorge Sánchez Morales, en materia electoral, se requiere una libertad de expresión bajo los principios de pluralidad y tolerancia, pero con las “limitantes establecidas” para no afectar la moral a terceros y a la vida privada, que no inculque la comisión de un delito y no afecte el entorno social.

José Luis Ceballos Daza, aspirante de la tercera terna de candidatos para la Sala Regional de Monterrey, Nuevo León, Segunda Circunscripción, subrayó que el financiamiento de los partidos políticos y los mecanismos de fiscalización representan un gran reto para el proceso electoral que se avecina en el 2018, “por lo cual un adecuado balance será fundamental para el buen desarrollo del procedimiento”.

La candidata Araceli Yhali Cruz Valle manifestó que, para el año 2018,  habrá 30 elecciones concurrentes; por lo cual, dijo,  es indispensable tener una visión clara y sensible, a fin de determinar acciones afirmativas en cuanto a las mujeres, grupos vulnerables y pueblos indígenas.

En su turno, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman expresó: “no veo beneficio alguno” con la reducción de la edad para votar de 18 a 16 años, pero sí en la expansión de este derecho político a quienes purgan una condena de prisión, pues es fundamental para la reinserción social.

En la ronda de cuestionamientos, la senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez destacó que uno de los retos más significativos de la Sala Regional consiste en resolver, de manera expedita, “un gran cúmulo” de denuncias que se presentan durante el proceso electoral, pues se trata de evitar “perjuicios irreparables” derivados de las contiendas.

Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que en los últimos años se ha registrado “un gran número de contradicciones” en esta materia, entre lo que define la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior.

De la misma fracción parlamentaria, el senador Héctor David Flores Ávalos, mencionó que la participación de un comunicador o presentador puede llegar a influir en los mensajes que emite el Estado. ¿De alguna manera, esas opiniones pueden ser limitadas por el Estado y por resoluciones del INE, sin que esto constituya una censura previa?, cuestionó.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Enrique Burgos García cuestionó los alcances de la regulación electoral sobre las entrevistas televisivas que se realizan a los aspirantes fuera del proceso electoral.

Jesús Casillas Romero, también del PRI, aseguró que existe un déficit en materia legislativa en cuanto a la libertad de expresión, ya que “no se ha podido definir la línea entre lo que es información y promoción” ¿Cómo se justifica la restricción de estas libertades que en materia electoral se ven seriamente limitadas?

El senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM, cuestionó el actual modelo de comunicación política, pues no está claro si cumple con la finalidad de acercar las propuestas de los candidatos a los ciudadanos o sólo provoca una saturación de mensajes dirigidos al electorado, alejándolo e, incluso, inhibiendo su participación.

Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, advirtió que “en un momento tan frágil de la nación, con finanzas tan delicadas”, este modelo de comunicación política resulta muy caro para todos.

Su compañera de bancada, Dolores Padierna Luna, precisó que las resoluciones que emiten las salas regionales rebasan los plazos establecidos en la Ley para los procedimientos especiales sancionatorios, por ello es necesario adoptar medidas que permitan tiempos auténticos, expeditos y justos.

En las comparecencias también participaron la senadora Cristina Díaz Salazar, del PRI; y Pilar Ortega Martínez, del PAN.