Número-1024

• Al modificar la regla y el universo numérico, se construye un incentivo positivo para que haya mayor participación ciudadana.  
• El otorgamiento de recursos debe ser por medio del número de ciudadanas y ciudadanos que emitieron su voto en la última elección.

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Rabindranath Salazar Solorio, presentó una iniciativa que busca la disminución de las prerrogativas que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias.

Explicó que para este propósito se busca establecer que sólo se considere para el financiamiento de los institutos políticos, el número que resulte de ciudadanos que emitieron su voto durante la elección federal inmediata anterior, denominado votación válida emitida, multiplicado por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Para ello, dijo, se modificaría el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e indicó que al modificar la regla y el universo numérico sobre el que serán asignados los recursos, se construye un incentivo positivo para que los partidos políticos que tengan cercanía con las bases sociales, no solo obtengan un mayor porcentaje de votación, sino que con ello coadyuven a una mayor participación ciudadana y al debate de ideas.

Detalló que para ello se propone una nueva redacción a la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que la base numérica a considerar para el cálculo de otorgamiento de recursos a partidos políticos, sea por medio del número de ciudadanas y ciudadanos que emitieron su voto en la última elección.

De esa forma, se disminuirá el recurso económico a distribuir: no será lo mismo considerar 37 millones, 693 mil electores que emitieron su voto por cualquier opción política, que equivalen a mil 799 millones de pesos; frente a 84 millones, 223 mil 779 mil electores registrados en el padrón electoral, que equivalen a casi cuatro mil millones de pesos. Ello significaría ahorrar dos mil millones de pesos.

En términos de procesos electorales, la democracia mexicana es una de las más caras del mundo, de acuerdo con datos de International Fundation Electoral Systems y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, incluso por encima de los países europeos que gastan en promedio siete dólares por cada ciudadano que emite su voto.