Número-1018

  • Sólo se cuenta con áreas de innovación en 23 estados.
  • Entre los objetivos, revertir la caída de inversión privada; hoy de 0.17%.

El Senado de la República aprobó reformas al primer párrafo del artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a fin de establecer como obligatorio que se cuente en cada entidad federativa con al menos un Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El objetivo de la reforma, aprobada durante la sesión de este martes, es revertir los rezagos de México en cuanto a inversión privada, generación de investigadores y registro de patentes, lo que coloca al país en desventaja de competitividad tecnológica, industrial y económica.

Además busca revertir las diferencias internas de desarrollo tecnológico, pues de acuerdo con el propio Conacyt, las entidades con menor desarrollo en tecnología e innovación son precisamente aquellas que no cuentan con ninguna sede o subsede de los Centros Públicos de Investigación, como Zacatecas e Hidalgo.

El dictamen aprobado refiere que el Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) “Sobre la Ciencia hacia 2030”, señala que en México la inversión pública en la materia pasó de 0.20 a 0.38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), entre los años 2005 y 2013, lo que significa un progreso de 30 por ciento.

Sin embargo, la participación de la iniciativa privada cayó de 0.18 a 0.17 por ciento en el mismo periodo, lo que se relaciona con la poca innovación en diversos sectores.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) muestra que -en 2010- en México se solicitaron los registros de 14 mil patentes, mientras que en Estados Unidos se solicitaron más de 490 mil. De las 14 mil patentes solicitadas, únicamente 951 fueron hechas por nacionales y 13 mil por extranjeros.

La UNESCO señala, además, que el número de investigadores mexicanos de tiempo completo aumentó 20 por ciento, al pasar de 38 mil a 46 mil; y en comparación con otros países de desarrollo similar a la nuestra, esa cantidad representa apenas el 0.6 por ciento de los profesionistas. En Argentina, por ejemplo, los investigadores representaron el 0.7 por ciento de los profesionistas, en Turquía el uno por ciento, y en Brasil dos por ciento.

El dictamen se aprobó con 90 votos a favor y fue turnado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.