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Con la finalidad de asegurar una operación colegiada, profesional y transparente en la certificación y acreditación de los órganos policiales del país, el senador Ricardo Monreal Ávila propuso modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Desde la tribuna, el legislador petista dijo que su planteamiento tiene como objetivo determinar con puntualidad la integración de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, precisó, busca que las políticas que se dicten en esta materia no sólo sean las más adecuadas sino que también quede asegurada su observancia por los miembros de la Comisión.

Por ello, planteó que este organismo deberá estar integrado por cinco gobernadores, el secretario de Seguridad Pública Federal, el procurador General de la República, así como  por dos instituciones superiores académicas nacionales.

De igual forma, por dos centros nacionales de investigación que estén relacionados con los temas de seguridad y dos organizaciones sociales o de ciudadanos que conozcan de esta problemática nacional.

Aclaró que todos serán presentados a propuesta del presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública y aprobados por el pleno del mismo.

Expuso que debido al “apuro” en la creación de instituciones que permitan resolver el problema de la inseguridad ha quedado de lado la integración de un cuerpo colegiado del más alto reconocimiento que garantice que todas las actuaciones y determinaciones de esos órganos tengan plena transparencia.

En este sentido, consideró indispensable que la actuación de dicha Comisión no debe dejar lugar a dudas de ninguna índole, por lo que “debemos alejar la idea de que estos centros sólo sirven para legitimar, justificar o formalizar la contratación de personal en los cuerpos de alta  seguridad y de procuración de justicia en las mismas condiciones que se había venido haciendo”.

Es fácil --agregó-- observar en sus operaciones el influyentísimo, amiguismo y la complicidad, además de que han servido para cobrar revancha en contra de opositores o personal  honesto que no se presta a los juegos perversos o ilícitos de la corrupción.

Además, mencionó, no se realizan licitaciones, hay compras millonarias de equipos, chalecos, armamento y nadie sabe la enorme cantidad de dinero que va a parar a los bolsillos de traficantes, de coyotes e intermediarios para la compra de estos útiles necesarios para el combate al crimen organizado”. 

Ante este panorama, preguntó “si a partir de la emergencia que vivimos ha sido prudente otorgar facultades al Ejecutivo y a la Procuraduría General de la República, a través de sus órganos de seguridad, inteligencia e incluso de las propias  instituciones militares”.
 
También estimó que el Congreso “ha cometido excesos” por haber legislado la figura del arraigo y de los testigos protegidos, ya que se ha debilitado el cumplimiento del debido proceso y de la presunción de inocencia “en aras de generar los elementos mínimos para el pleno combate a la delincuencia”.

Por ello, apuntó, “ya no causa asombro que un contralmirante de la Marina haya resultado con cuentas millonarias, con carros de lujo como Ferrari, con bienes inmuebles en su familia, con cuentas en los bancos, millonarias, y que sea nada menos que el jefe de seguridad del secretario de Marina”. 

La iniciativa se remitió a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda.

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