Los senadores priístas Manlio Fabio Beltrones Rivera y Raúl Mejía González presentaron una reforma constitucional para fortalecer la autonomía y las capacidades jurídicas de decisión de los órganos desconcentrados de la administración pública federal, que llevan a cabo actividades regulatorias.

Ello, a través de la transformación de la naturaleza jurídica de los órganos desconcentrados para que pasen a ser “organismos descentralizados autónomos”; de modo que se alejen de intereses e influencias coyunturales y políticas, tanto del sector privado como de los funcionarios en turno.

Asimismo, se les otorgará seguridad jurídica al presupuesto de los organismos descentralizados autónomos y el Poder Legislativo ratificará el nombramiento de los funcionarios que formule el presidente de la República.

Al presentar la iniciativa, el senador Raúl Mejía González explicó que una de las motivaciones para la reforma fue la que tiene que ver con las transformaciones económicas, sociales y políticas que ha tenido el Estado mexicano, que pasó de ser dueño y administrador de empresas a regulador e impulsor de la economía.

Indicó que “los cambios han exigido ajustes a la forma en que se procuran los equilibrios entre los diversos sectores de la sociedad, con el fin de fomentar la certidumbre jurídica, la eficiencia económica y el crecimiento económico con justicia”.

A nombre de los legisladores priístas argumentó que es necesario impulsar cambios que favorezcan un ambiente propio para la inversión y la creación de empleos.

“Es preciso continuar con los esfuerzos para asegurar la capacidad del Estado de generar las condiciones favorables, en este es el caso de los órganos reguladores”, añadió.

Expuso que al tener los órganos desconcentrados un mandato tan importante, el Congreso comenzó a normar la organización y el funcionamiento de éstos a efecto de garantizar un mejor cumplimiento del marco legal y se les otorgó la facultad de resolución sin requerir el aval o la autorización de la dependencia a la que están subordinados.

Sin embargo, esto motivó diversos juicios de inconstitucionalidad, presentados tanto por el Ejecutivo como por el propio Congreso, toda vez que se invocaba la invasión de esferas de competencia.

Afirmó que en estos casos han estado órganos como la COFETEL, COFEMER, Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Estas entidades enfrentan la ausencia de órganos colegiados, profesionales y especializados y el nombramiento de titulares sin respeto por los requisitos establecidos en las leyes aplicables o un diseño legal deficiente, entre otros”.

Finalmente, dijo que “la construcción de una nueva gobernabilidad y el fomento del desarrollo nacional requieren del acuerdo entre las diversas fuerzas políticas del país y esa es precisamente a lo que estamos convocando en este momento”.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.

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