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El Senado de la Repúblico solicitó a la Procuraduría General de la República actuar contra los responsables de la destrucción de recursos forestales en la comunidad indígena huichol de Santa Catarina Cuexcomatitlán, en el estado de Jalisco.

En tribuna, el senador del PVEM, Jorge Legorreta Ordorica, señaló que la destrucción se registró en 2004, cuando funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Jalisco iniciaron la construcción de una carretera estatal que atravesaría los municipios de El Alto, Bolaños Mexquitic y dos comunidades huicholas.

Explicó que el aval para la construcción de la carretera estatal se condicionó a la obtención previa de la autorización de cambio de uso forestal, la cual no fue expedida.

Sin embargo, se llevó a cabo el desmonte de vegetación natural, derribo de árboles, cambio ilícito de suelo forestal, transporte ilícito de recursos forestales en cantidades mayores a cuatro metros cúbicos, destrucción y deterioro de terrenos en perjuicio de terceros, y robo.

Mencionó que la obra afectó las comunidades Indígena Huichol de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Santa Catarina Cuexcomatitlán, así como uno de los mejores remanentes del bosque de pino y de encino de la Sierra Madre Occidental con muy alto valor ecológico.

En 2006, se presentó una denuncia popular ante la Profepa que dictó la clausura total, temporal de obras y actividades para el desarrollo de la carretera.

Dos años después, en 2008, los comuneros huicholes exigieron la reparación de los daños causados en su propiedad, incluyendo los registrados en manantiales y cuerpos de agua, extracción de materiales de construcción y derribo de árboles, así como la reforestación y restauración ambiental en todo el tramo afectado.

No obstante que tanto el gobierno como los funcionarios públicos del Estado habían sido apercibidos de las limitantes de validez de la autorización y de las responsabilidades tanto administrativas como penales, a la fecha no han sido castigados.

Por ello, el Senado pidió resolver el expediente de averiguación previa contra quien o quienes resulten responsables de los hechos que aparentan ser constitutivos de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como de daño en propiedad ajena en función de la violación de leyes federales, cometidos por  servidores públicos.

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