Número-484

• Su objetivo es garantizar el derecho de toda persona a desplazarse y trasladarse de un lugar a otro para la satisfacción de sus necesidades. 
• Propone que todas las entidades federativas implementen programas de prevención de accidentes, particularmente pruebas aleatorias de alcoholemia.

El senador Jesús Casillas Romero presentó este martes la iniciativa para expedir la Ley General de Movilidad, que tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a desplazarse y trasladarse de un lugar a otro para la satisfacción de sus necesidades.

Se trata, explicó, “de ponerle orden al espacio público, pues no es posible que la casa de todos, que es la calle, pueda ser tierra de nadie, una verdadera jungla en la que parece que quien utiliza el vehículo particular tiene la ventaja y la preferencia sobre otras modalidades de transporte”. 

Por ello, enfatizó el legislador del Grupo Parlamentario del PRI, en el proyecto se pone en el centro de atención a las personas con discapacidad, ciclistas, peatones, usuarios de transponte público y motociclistas. 

A nombre de senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT, Casillas Romero destacó la necesidad de que la expedición de licencias de manejo, en cualquier parte del territorio nacional, contemple criterios mínimos y homogéneos, que invariablemente incluyan la acreditación de un curso con asignaturas en relación a la seguridad vial y respeto entre los diversos usuarios de la vía pública.

“No nos parece adecuado que en algunas entidades federativas los requisitos son mínimos para obtener una licenciad de conducir”: presentar con acta de nacimiento, comprobante de domicilio, pero en otros estados se establecen exámenes rigurosos, conocimiento de la Ley de Tránsito, estado físico y pericia para manejar un vehículo. 

La iniciativa propone que las licencias, permisos o autorizaciones emitidas en una entidad federativa sean válidos en el resto del país, siempre y cuando sea acorde al tipo o clasificación del vehículo y servicio que preste.

Jesús Casillas dio a conocer que también se propone que el programa de verificación vehicular sea generalizado a todas las entidades de la República: “Estamos planteando que los vehículos no contaminen ni en la Ciudad de México, ni en Monterrey, Guadalajara, Mérida, La Paz o Tijuana”.

La iniciativa plantea las facultades y su concurrencia, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la movilidad sustentable, regular las acciones, fomentar la educación, investigación, participación ciudadana, planeación y difusión en materia de movilidad sustentable. 

Sugiere la obligación de que todas las entidades federativas implementen programas de prevención de accidentes, particularmente pruebas aleatorias de alcoholemia, a fin de evitar la conducción de vehículos de motor por personas bajo los efectos de la ingestión de alcohol.

Plantea una Comisión Interinstitucional para la Movilidad Sustentable, un Consejo Consultivo, una Estrategia Nacional, un Fondo Nacional, Programa Integral en la materia y una Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Movilidad.