Número-400

• La Ley se ha convertido en un negocio; tratantes pagan hasta medio millón de dólares por un amparo y lo ganan, señala ex subprocurador de Derechos Humanos.
• Hay muchos intereses que impiden en la Cámara de Diputados aprobar reformas: Dávila Fernández

La senadora Adriana Dávila Fernández y especialistas denunciaron que existen intereses que impiden que en la Cámara de Diputados se aprueben las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, pues se ha convertido en un “gran negocio” para organizaciones civiles y defensores de tratantes.

En la presentación del libro “El fenómeno de la Trata de Personas. Análisis desde las ciencias penales y proyecto de reforma a la ley vigente en la materia”, se reconoció que este ordenamiento no funciona, es confuso y criminaliza la pobreza.

Dávila Fernández, presidenta de la Comisión de Contra la Trata de Personas, subrayó que las modificaciones que el Senado planteó son perfectibles y hay errores que se pueden corregir, pero reconoció que, lamentablemente, hay muchos intereses para que en la Cámara de Diputados no se aprueben. 

Veo dificultades para que se pueda aprobar en la colegisladora y es lamentable, pero mi obligación como legisladora es hacer está lucha hasta el último momento para que se logre un ordenamiento. Si hay que hacer otra ley pues también haremos otra ley, pero lo primero es debatir sobre lo que está mal hecho, aclaró.

La legisladora de Acción Nacional aceptó que a la clase política “todavía nos da más miedo aceptar, decir que lo que hicimos fue hecho técnicamente mal, pero políticamente bien para quedar bien con ciertos grupos o con ciertos sectores que nos han venido chantajeando”.

“No niego el miedo que a principios tuvimos muchas de nosotras de ser acusadas de cualquier cosa, porque si genera esos temores, afecta a la familia, a los hijos y a muchas personas alrededor de nosotros, y “es el miedo que tenemos la clase política de enfrentarnos a nuestras propias deficiencias técnicas”, precisó. 

Dijo estar dispuesta a hacer una nueva ley, a pesar de todo el riesgo que esto significaría, pues no se puede permitir que esta administración se convierta en el “sexenio del miedo”.

El senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, manifestó que este libro debe mover a la reflexión y a la accion “no podemos ser indiferentes ante un problema que corroe a la sociedad, debemos de concluir esta legislación, concluir el proceso parlamentario” y estas aportaciones son una  motivación para ello.   

A su vez, el catedrático Miguel Ontiveros Alonso aseguró que la Ley no funciona, tiene decenas de errores y es un “monstruo legislativo” que ha servido como un gran negocio para aquellos que se dedican a defender a los tratantes, quienes “pagan muy bien, tienen mucho dinero y es bien fácil sacarlos por amparo”.

Refirió que la CNDH hizo público que ocho de cada diez sentencias dictadas se caen por apelación y amparos; es decir, el gran negocio está afuera con los que defienden a los imputados; ellos “pagan uno, dos, tres millones de pesos, medio millón de dólares por un amparo y lo ganan”. Ese es el negocio, por eso hay tantos defensores de esta Ley porque genera una gran riqueza, además de una impunidad y vulneración de las víctimas, apuntó. 

Dijo hay muchos actores y organizaciones civiles vinculados al crimen organizado que trabajan para hacer leyes inconstitucionales y con tipos penales confusos, como la General contra la Trata de Personas porque eso les conviene. Esas personas que defienden esta Ley hoy son millonarias, viven en Las Lomas, tienen camionetas blindadas otorgadas por el Estado, explotan a las víctimas y buscan que esto se mantenga así. 

El ex subprocurador de Derechos Humanos comentó que en el Senado se hizo un dictamen muy profesional para modificar dicho ordenamiento, pero en “la Cámara de Diputados, como es tradición, lo echaron a perder todo”; ahora se está intentando corregirlo, “pero veo muy difícil que eso vaya a suceder porque ya están aquí los cómplices del crimen organizado intentando que todo quede igual para generar mayores recursos”. 

Opinó que esa Ley “es una de las mayores vergüenzas” que hay en materia penal en el país y significa un retroceso en el combate a la trata de personas, de ahí, que hizo un llamado a la Cámara de Senadores, la CNDH y a especialistas para debatirla.

Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), advirtió que hay complicaciones para la armonización de la Ley General en los estados y municipios.

Alan García Huitrón, coautor del libro, consideró que debido a la urgencia de tener un instrumento contra “el terrible fenómeno de la trata” se cometieron errores en la Ley vigente, que es contraria a los principios de la dogmática penal y de los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos. 

Por último, María Olga Noriega Sáenz, coescritora de la obra, lamentó que las reformas a la Ley no puedan ser aprobadas por los diputados. Preguntó cuánto tiempo más se tendrá que esperar para que realmente se cuente con una ley digna y técnica en la materia, que no genere impunidad y revictimización. 

Se trata, precisó, de un ordenamiento “monstruoso”, ya que al no poder comprobar los medios comisivos, entonces se desgajó el tipo penal y se metieron a las agravantes; el resultado de ellos es no saber dónde están las víctimas de trata de personas y la criminalización de la pobreza, donde se mete a la cárcel a meseros y mujeres indígenas que venden en la calle productos junto a sus hijos.