Número 317
- El objetivo es clarificar responsabilidades de gobiernos locales y empresas nacionales y extranjeras, para cumplir objetivos del Acuerdo de París.
- En reunión con titular del INECC, senadores apuntan que la contaminación debe considerarse un tema de seguridad nacional.
La Comisión de Cambio Climático acordó promover una iniciativa de ley de coordinación entre las autoridades de gobierno federal, estatales y municipales, que implique a las empresas e industrias privadas, respecto a las acciones que se deben adoptar a nivel nacional para la reducción de las emisiones contaminantes y revertir los daños causados por gases de efecto invernadero.
Lo anterior durante la reunión de trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático con la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), María Amparo Martínez Arroyo, quien presentó la evaluación del Anexo Transversal en materia de Cambio Climático.
La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, manifestó su preocupación ante el hecho de que el gobierno federal da mayor importancia a las políticas de mitigación, tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en lugar de impulsar con mayor fuerza las acciones de adaptación, es decir, de impulsar el desarrollo sostenible.
México debería dar mayor peso a las políticas de adaptación, enfatizó, porque fue el país que lo planteó dentro del Acuerdo de París, pues la meta principal es reducir la vulnerabilidad frente a la contaminación, a través del desarrollo sostenible.
Solicitó a la titular del INECC se establezcan con claridad los mecanismos para garantizar políticas ambientales a largo plazo, y no se pierdan durante los cambios de gobierno, así como medidas que den transparencia a la aplicación de recursos.
La legisladora por del Grupo Parlamentario del PAN destacó la importancia de que las autoridades determinen los programas y lineamientos que, en lo interno, impidan la fragmentación institucional y enlacen las acciones estatales y regionales, y que cumplan además los acuerdos internacionales en materia de biodiversidad y desarrollo sustentable.
El senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca, propuso por su parte que la iniciativa de dicha ley se elabore como un trabajo conjunto entre el Legislativo, INECC y la sociedad civil, e incluya normas “espejo”, es decir, similares a las de los socios comerciales de México, a fin de evitar argumentos de que ofrecen tecnología que no está prohibida por nuestras autoridades, como en el caso de las industrias mineras, textileras, de la construcción, entre otras.
Con claridad en las normas que armonicen a los tres órdenes de gobierno y las obligaciones de las empresas nacionales y extranjeras, el Estado mexicano dejaría de ser omiso ante las acciones que van en contra del cuidado del medio ambiente, sostuvo.
Cárdenas Fonseca hizo énfasis en que la supervisión del cumplimiento de las normas ambientales debe efectuarse de forma transversal también en estados y municipios, y sancionar todos los casos de incumplimiento, particularmente cuando se adquiere o se permite a empresas extranjeras aplicar tecnologías que son prohibidas incluso en sus países de origen, porque resultan altamente contaminantes.
México tiene serios problemas de vulnerabilidad, “y no hay autoridad que les diga a los estados que están mal al adquirir tecnología chatarra”, destacó al pronunciarse por apegarse al Acuerdo de París y a favor de que se vinculen todos los sectores relacionados con las acciones contra el cambio climático.
La senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, planteó por su parte que la comisión elabore la iniciativa de ley de coordinación de cambio climático, que implique responsabilidades del gobierno federal, estatales y municipales, además de las empresas privadas y la población en general.
Para ello, subrayó, la propuesta de que el cambio climático se introduzca como un tema de seguridad nacional, lo cual permitirá garantizar la asignación permanente de recursos a los programas ambientales y al mismo INECC, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Argumentó que los daños provocados por el efecto invernadero deben ser considerados como un problema de seguridad nacional, porque representan un riesgo para la población en cuanto a salud que es un derecho consagrado en la Constitución, además de tener otras implicaciones sociales y económicas, como la pobreza, sumándose a ello los compromisos internacionales firmados por México, como el Acuerdo de París.
Refirió que, bajo estos argumentos, los senadores de la Comisión han emprendido las acciones necesarias para solicitar a la Cámara de Diputados que se contemple una partida especial para los programas y acciones contra el cambio climático, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
Planteó que, de igual forma, se elabore una propuesta para que la Comisión de Cambio Climático sea ordinaria, y no especial como actualmente es, a fin de que tenga más autoridad en sus acciones, así como esté equiparada a la ya existente en la Cámara de Diputados.
La senadora Luz María Beristain, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitó por su parte al INECC que permitan la participación de los senadores durante los recorridos que realicen a diversos estados, dentro de sus trabajos de evaluación en la aplicación de políticas ambientales.
La directora general del INECC, María Amparo Martínez Arroyo, advirtió que de no tomarse las medidas necesarias para conformar programas efectivos, con presupuestos suficientes, “México enfrentará un siglo perdido en materia ambiental”.
Investigaciones internacionales, precisó, han apuntado que el mundo vivirá con el problema del cambio climático durante todo el siglo, de ahí la importancia de que el Senado y Cámara de Diputados coadyuven a conformar una coordinación nacional, que involucre a estados, municipios y empresas en las acciones tendientes a disminuir y revertir las emisiones de efecto invernadero.
Explicó que el INECC debe realizar las evaluaciones cada dos años, para determinar claramente el cumplimiento de las normas y si se logran los objetivos del Acuerdo de París, en cuanto a fortalecer mecanismos de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas; sumar esfuerzos con otros sistemas de evaluación; ampliar las capacidades sub-nacionales en esta materia; y sensibilizar a la población en general sobre su importancia y utilidad.
Se evalúa el Anexo Transversal en materia de Cambio Climático, concluyó, para saber si los más de 44 mil millones de pesos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 contribuyen a los objetivos y metas de la política nacional.
