El senador Felipe González González, del grupo parlamentario de Acción Nacional, planteó modificar la Constitución para crear juzgados municipales.

Vengo a proponer --dijo-- que dejando atrás a los “mermados jueces de paz o mixtos menores, otorguemos a los municipios la facultad de establecer en sus bandos o reglamentos la creación de juzgados municipales”.

De aprobarse la iniciativa, dichos juzgados podrán conocer de controversias que no excedan de la demarcación territorial, que los hagan competitivos y se constituyan en un verdadero orden de gobierno para asuntos de su dinámica económica y social.

En la tribuna del Senado, el legislador por Aguascalientes destacó la necesidad de hacer realidad el postulado de justicia pronta y expedita también para los habitantes de los municipios que encuentran el primer obstáculo en la ausencia de juzgados de primera instancia.

Por esa razón, añadió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, se ven obligados a llevar sus demandas al partido judicial más cercano o de plano hasta la capital, en no pocas ocasiones a cientos de kilómetros de su domicilio.

González González expuso que esta lejanía de los jueces eleva los costos del litigio al punto de hacer más caro el juicio que el monto de las prestaciones reclamadas.

“No es razonable que para demandar a un vecino, tenga que trasladarse el justiciable a otras poblaciones cuando el emplazamiento se hará en la casa de al lado”, agregó.

Por ello, los senadores tenemos la oportunidad de devolverle a la justicia su sentido humano, que sea una justicia viva, que no sólo resuelva la controversia con todo el rigor de la ley, sino que dando a cada quien lo suyo restablezca la armonía en la convivencia.

Según la propuesta, los ayuntamientos nombrarían a los jueces de entre los licenciados en derecho que habiten en su demarcación y para garantizar la inamovilidad consagrada en el Artículo 17 Constitucional sólo podrían ser removidos por causa grave.

La iniciativa de reforma al artículo 115 Constitucional, que recibió el respaldo de senadores de varios grupos parlamentarios, fue remitida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

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