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El senador Ericel Gómez Nucamendi, de Movimiento Ciudadano, planteó considerar como delito de fraude y castigar con penas más severas, aquellas conductas de dueños de cajas de ahorro popular que atenten contra el derecho de las personas para acceder a su dinero.
Con ello, explicó, se busca evitar la impunidad de los defraudadores y salvaguardar el patrimonio de los ahorradores, así como la estabilidad socioeconómica de los grupos poblacionales en donde se llevan a cabo este tipo de delitos, ya que “después de consumado el fraude se registran graves problemas como encono, pobreza, desempleo y migración”.
De igual manera, propuso que el delito quede consumado al momento en que se niegue a los ahorradores la devolución de las cantidades invertidas y se proceda a clausurar temporal o definitivamente el local, oficina o sucursal destinados a la atención del público.
El legislador mencionó que el ahorro y crédito popular se han desarrollado por la necesidad de la población de obtener rentabilidad de sus recursos y conseguir créditos de manera sencilla y sin mayores trámites.
Sin embargo, señaló, pese a que su existencia se sustenta en los principios de ayuda mutua y compromiso social, su tránsito para alcanzar la formalidad reglamentaria ha sido lento y tortuoso, por lo que durante este proceso se han presentado innumerables hechos que han dañado gravemente el patrimonio de los ahorradores.
Además, ha provocado que se limite la oportunidad de que las cajas de ahorro se posicionen como una opción segura dentro del sistema financiero.
Informó que de las 850 entidades, sociales y privadas que prestan servicios de ahorro y crédito popular en el país, tan sólo 99 cuentan con la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mientras que el resto está en proceso o carecen de registro.
De ese universo, 598 operan como cajas populares, pero solamente 59 de ellas están autorizadas, además 207 están en proceso y 332 sólo cuentan con el registro.
Consideró que las deficiencias en la legislación, inspección y vigilancia existente en el sector son aprovechadas para crear negocios particulares que captan recursos de forma irregular al engañar y defraudar a los ahorradores.
Este tipo de establecimientos --agregó-- carecen de registro, se expanden sin control y desaparecen en perjuicio de los ahorradores, por lo que la persecución de los defraudadores se hace casi imposible.
“No sólo por la debilidad de los sistemas policíacos y de procuración de justicia estatales sino también por la posible existencia de tráfico de influencias con las autoridades locales”, puntualizó.
La iniciativa, que busca reformar el Código Penal Federal, se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.
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