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El senador panista Guillermo Tamborrel Suárez propuso solicitar a la Procuraduría General de la República un informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas con “la alarmante” deuda pública de Coahuila, generada en la administración de Humberto Moreira Valdés.
De igual forma, pidió a dicha dependencia que resuelva a la brevedad las denuncias presentadas al respecto.
El legislador recordó que el 18 de agosto de 2011, el Congreso de Coahuila aprobó una iniciativa de decreto por medio del cual se reconoció la cantidad de 34 mil 665 millones de pesos como deuda pública estatal contraída durante 2006-2010.
Explicó que el decreto reconoce como deuda pública los recursos obtenidos por préstamos a ser pagados en plazos de 20 y 30 años, lo que incrementará el endeudamiento entre 15 y 20 mil millones más por el refinanciamiento sin la autorización del congreso estatal.
Lo anterior, agregó, refleja una administración deficiente, opaca, y contraria en todo sentido a la rendición de cuentas que en todo Estado de derecho debe prevalecer y de un gobierno que hizo de su práctica el pedir prestado al margen de la legalidad.
Ante este panorama, refirió que desde que se dio a conocer el “acto de ilegal endeudamiento estatal”, se han presentado tres denuncias por parte de legisladores y cinco por la Procuraduría Fiscal de la Federación”.
Por ello, consideró necesario solicitar a la PGR que agilice la investigación y rinda un informe detallado al Congreso de la Unión sobre el resultado de las indagaciones.
En este sentido, explicó que a Procuraduría Fiscal de la Federación ha presentado tres denuncias penales ante la PGR contra quienes resulten responsables de contratar créditos bancarios con irregularidades en el gobierno de Coahuila, al ser utilizados documentos alterados y falsificados por un monto aproximado de 5 mil 400 millones de pesos.
Es urgente --subrayó el senador por Querétaro-- que los hechos descritos sean esclarecidos y señalar a los culpables con nombre y apellido del innegable atropello que han sufrido los coahuilenses, a través de la irreal deuda pública que la anterior administración estatal ha generado.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Justicia del Senado de la República.
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