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El senador Ricardo Monreal Ávila propuso reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de establecer una pena de 10 a 60 años de prisión a quien participe en la introducción al territorio nacional de armas de uso exclusivo del Ejército.

Se aplicará la misma condena a las personas que introduzcan cartuchos, explosivos y materiales sujetos a control. 

A quienes hagan llegar a México armas de fuego que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le imponga de seis a veinte años de prisión, advirtió desde la tribuna de la Comisión Permanente.

Asimismo,  propuso que se apliquen de cuatro a veinte años de cárcel y una multa de 40 mil días de salarios mínimos a los comerciantes de armas, municiones y explosivos, que las adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

El legislador petista refirió que según estudios el 80 por ciento de las armas y municiones usadas por el crimen organizado en México provienen de Estados Unidos, “en donde su gobierno ha sido renuente y omiso en cuanto a tomar medidas para reducir el tráfico”.

Mencionó que estos artefactos son adquiridos a tan sólo unos metros de la frontera y se estima que existen más de 12 mil establecimientos donde pueden ser comprados de manera legal.

“Organizaciones como IANSA y el Comité Oxford para la Lucha contra el Hambre calculan que cada día ingresan al país 2 mil armas y cada una de ellas multiplica exponencialmente la violencia al aumentar el número de criminales, asesinos, secuestradores y narcotraficantes”, señaló.

Además, añadió, se calcula que existen entre 15 y 20 millones de armas ilegales circulando por nuestro país, sumadas a los 5 millones 500 mil armas autorizadas por la Secretaría de Defensa Nacional.

Es decir, por cada arma legal, hay por lo menos 4 ilegales, puntualizó.

En este sentido, indicó que el tráfico y uso de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas representan actualmente el 15 por ciento de los delitos federales cometidos en todo el país, lo que equivale a un promedio de mil 200 ilícitos relacionados con tráfico o posesión de armas.

Ante este panorama, consideró que el problema de tráfico de armas en México ha llegado a números “exorbitantes”, ya que por un lado las empresas americanas fabricantes y exportadoras comercializan cada año aproximadamente 3 millones de armas y municiones a nuestro país.

Por otro lado, dijo que en México la corrupción y los altos intereses económicos involucrados con la importación, aunados a la laxitud en la legislación en torno a las sanciones, son motivos fundamentales por los cuales el tráfico de armas es un delito que va en aumento.

Por ello, subrayó que para contribuir a la eliminación del tráfico de armas, se requiere el aumento considerable de penas y multas, especialmente si quien se encuentra involucrado en tal actividad, es, o ha sido servidor público.

La iniciativa se envió a la Comisión de la Defensa Nacional del Senado de la República para su análisis y dictaminación.

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