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La Comisión Permanente expresó su preocupación por la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, por la Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada por el Senado de aquella nación y ratificada por el presidente Barack Obama.
Con dicho ordenamiento, expuso el senador Luis Alberto Villarreal García al presentar el punto de acuerdo como de urgente resolución, se permite al Ejército detener a los sospechosos de terrorismo “por tiempo indefinido --hasta que terminen las hostilidades--, sin que se presenten cargos y sin que se realice un juicio”.
Toda persona que esté en cualquier parte del territorio norteamericano, no necesariamente en la zona fronteriza --advirtió el legislador panista--, “podrá ser detenido por su apariencia, porque parezca o se pueda sospechar que es terrorista, al margen de que sea documentado o indocumentado”.
A los únicos que se deja a salvo de la aplicación de la Ley, enfatizó, son a las personas que demuestren ser ciudadanos estadounidenses o que viven en ese país.
Además, la NDAA “no tiene límites temporales ni geográficos, por lo que puede detenerse a extranjeros lejos de cualquier campo de batalla”.
Por ello, el pleno de la Permanente solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que manifieste un enérgico rechazo a las disposiciones del apartado D, Asuntos sobre Detenidos, de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, “por representar una violación a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales”.
Asimismo, pidió a la SRE un informe sobre la estrategia del gobierno mexicano para proteger la integridad física y el respeto de los derechos humanos de los mexicanos que residen en el exterior, así como un análisis de la capacidad operativa de sus consulados para realizar esta labor.
Del mismo modo demandó a la Cancillería la creación de un número 1-800 de asesoría legal gratuita a nuestros connacionales, para apoyar las labores de prevención y protección que realizan los consulados.
Al respecto, el senador Carlos Jiménez Macías, del PRI, señaló que “nosotros somos respetuosos de la legislación norteamericana, “pero aquí se están violentando derechos fundamentales y acuerdos internacionales que todos los países están obligados a cumplir y a respetar”.
Por eso, dijo, “la Cancillería mexicana tiene que levantar la voz”, fuerte y contundentemente “para quejarse ante los Estados Unidos por el maltrato a nuestros migrantes”.
“No podemos asumir una actitud entreguista, porque hay allá miles y miles de mexicanos que no podrían, como lo marca esta ley, identificarse como norteamericanos porque eso es lo único que los salvaría de la sospecha de que pudieran estar involucrados en terrorismo”, asentó.
Por el PRD, el senador José Luis Máximo García Zalvidea aseguró que el nuevo ordenamiento “está inmerso en un proceso electoral” y el miedo al que es diferente es un elemento utilizado en los comicios de Estados Unidos.
Dijo que esta actitud contradice el origen mismo de la sociedad norteamericana, porque es resultado de grupos migratorios que llegaron de varias partes del mundo.
Señaló es muy peligroso “dotar de más facultades a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que intervengan en este plan más policiaco en contra de la sociedad, y sobre todo de sectores que son diferentes o por lo menos lucen diferentes”.
El diputado Óscar González Yáñez, del PT, consideró como “entendible que cualquier nación tome medidas para proteger sus intereses o los niveles de seguridad a los que aspira, pero esto no puede ir por encima de los intereses y las garantías que cualquier ser humano”.
Por ello, se pronunció por exigirle al gobierno mexicano, “no solamente que levante la mano sobre este tema, sino que levante la mano de manera muy dura, porque también hay que entender que nuestro vecino va a entrar en un proceso electoral y se buscan ciertas simpatías”.
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