{audio}2011/boletines/dic/2011-12-14/490.mp3{/audio}
El grupo parlamentario del PRD presentó, a través del senador Tomás Torres Mercado, una iniciativa para crear la Ley General de Protección y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos generadas por la Violencia.
Dicha propuesta busca proteger a las víctimas de violaciones a derechos humanos, “generadas por la violencia de la guerra contra la delincuencia organizada”.
Para ello, plantea la creación del Registro Nacional de Víctimas que contendrá información tanto a nivel nacional como local y la instauración del Fondo Económico para Víctimas.
Dicho fondo tiene como finalidad atender a las personas que hayan sido afectadas con violaciones a sus derechos humanos y con actos dolosos o culposos, realizados por las Fuerzas Armadas y policíacas federales o por grupos de la delincuencia organizada.
El legislador explicó que los montos del fondo provendrán de los recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los rendimientos que se obtengan de sus inversiones y reinversiones, de los obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales, entre otros.
Los recursos se aplicarán para auxiliar económicamente a la víctima del delito cometido por la delincuencia organizada o cuyos derechos hubieran sido vulnerados con motivo de la intervención de las Fuerzas Armadas o policíacas federales.
En cuanto al Registro Nacional de Víctimas, explicó que será la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la encargada de diseñar y mantener el registro por actos realizados por las Fuerzas Armadas, policíacas federales o por los grupos de la delincuencia organizada.
Deberá contener la información de los registros de eventos en los que participaron miembros de dichas fuerzas realizados por las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de Marina y la Procuraduría General de la República, así como el registro que se desprenda de las averiguaciones previas integradas por ésta última, precisó.
La propuesta también contempla la reparación integral de las víctimas, a través del restablecimiento de la situación anterior al daño, o en su defecto a la situación más próxima a aquélla con formas sustitutivas como la reparación de las consecuencias del delito y la indemnización del daño material y moral.
Así, las víctimas tendrán derecho a ser reparadas por el o los autores de la violación a derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la sentencia firme dictada en el procedimiento correspondiente.
Además, cuando los responsables del daño sean agentes pertenecientes a las Fuerzas Armadas o policíacas federales, el Estado tendrá la obligación de reparar integralmente de forma subsidiaria sin que ello implique reconocimiento alguno de responsabilidad de su parte.
Torres Mercado expuso que la Ley contiene una amplia protección que se fundamenta en la justicia transicional o restaurativa, en razón de los principios de derecho a la verdad, “es decir qué y cuándo paso, quiénes fueron los victimarios y quiénes las víctimas, cuáles son las condiciones sociopolíticas que generaron la violación sistemática a derechos”.
De igual forma, se busca establecer el derecho a la justicia para que los delitos se investiguen, se persigan, se detenga, se juzgue y sancione a los responsables de la comisión de los mismos y combatir la impunidad.
La iniciativa se envió a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictaminación.
--ooOOoo--