Número-1511

• La iniciativa crea tipo penal específico, mediante el cual, servidores públicos que cometan delitos de corrupción reciban una sanción adecuada, con las consecuencias debidas.
• El legislador advirtió que de no incluir el Código Penal en el “Paquete Anticorrupción”, se creará una legislación que no tenga la posibilidad de llevar a cabo sanciones efectivas.

A fin de inhibir que los servidores públicos y las personas físicas o morales cometan delitos de corrupción, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, propuso reformar el Código Penal Federal, para establecer un catálogo de delitos más amplio y efectivo, con mayores posibilidades de sancionar a los corruptos.

El objeto de esta iniciativa, es crear un tipo penal específico, mediante el cual, los servidores públicos que cometan delitos de corrupción reciban una sanción adecuada a los delitos cometidos, con las consecuencias debidas.

Lo anterior, dijo, debido a que los actos de corrupción en el servicio público son sancionados con base en un marco legal “interpretativo y vulnerable”, ya que según la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental 2013 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que de 7.4 millones de actos de corrupción que se registraron en México, únicamente se sancionaron a 12 mil funcionarios, de los cuales sólo 140 de ellos llegaron a prisión.

Esta cifra nos da claridad de que la expectativa del ciudadano no se está cumpliendo, toda vez que los corruptos, gozan a su vez de impunidad, expresó.

En este sentido, para recuperar el patrimonio del Estado, la propuesta establece que los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito, se les decretará un embargo preventivo o incautación, a fin de que el servidor público sujeto a proceso, tenga una prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes.

El legislador advirtió que de no incluir el Código Penal en el paquete Anticorrupción, se creará una legislación que no tenga la posibilidad de llevar a cabo sanciones efectivas.

Por ello, la propuesta se presenta fundada en la necesidad de reforzar el Estado de Derecho y la legalidad de sancionar de manera contundente a los funcionarios públicos que cometan o se vean implicados en actos de corrupción, en perjuicio de toda la sociedad.

Se envió a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

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