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La senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del PRI, propuso fortalecer la eficacia en la protección ambiental, con el objetivo de contribuir al respeto del derecho que tienen los mexicanos a gozar de un medio ambiente adecuado.
Para cumplir este propósito, planteó reformar el Artículo 420 bis del Código Penal Federal, y así elevar las penas de prisión y económicas aplicables a quienes provoquen incendios en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales.
Ello, siempre que esas conductas se realicen en o afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito, lo realice para obtener un lucro o beneficio económico.
Adicionalmente, presentó reformas al Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de incluir dicha conducta típica dentro del catálogo de delitos graves, con todas las consecuencias que ello implica.
Recalcó que las consecuencias ocasionadas por las pérdidas forestales comienzan a ser notorias e influyen drásticamente en el cambio climático, como las inundaciones, extinción de especies y hábitats, sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos extremos, problemas que ya se pueden visualizar y resentir.
Además, la senadora por Campeche explicó que no se puede soslayar que durante la última temporada de incendios forestales se registraron siniestros atípicos en seis entidades del norte del país donde, según información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal, se produjeron incendios “fuera de patrón”.
Es decir, aquellos que no son producto de causas naturales, por el contrario, la actividad humana es la principal responsable de los siniestros, destacó.
De la totalidad de los incendios que se producen en nuestro país en zonas forestales --acotó--, muy pocos se realizan por motivos naturales, mientras que prácticamente la mayoría son provocados por actividades humanas, como limpieza de derechos de vía, agricultura, ganadería, quema de basura, aprovechamientos de tierra y piedra.
De aprobarse la iniciativa, aseguró, se inducirá a prevenir aquellas conductas que incidan negativamente en el cambio climático.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
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