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El senador priista Francisco Arroyo Vieyra, exhortó al Congreso de Guanajuato para que, a través de su Órgano de Fiscalización Superior, aplique las sanciones que procedan a las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la entidad, por actos de corrupción.
En tribuna explicó que como resultado de una auditoria integral practicada al DIF en los ejercicios fiscales 2009 y 2010, se detectó que el organismo pagó más de 200 millones de pesos en adjudicaciones directas a una empresa que dirige la señora Bárbara Elena Martínez Ríos.
Agregó que esta señora es hermana de la diputada Leticia Villegas Nava, y nuera del señor Elías Villegas Torres.
En opinión del legislador, la auditoría descubrió que la empresa de la señora Martínez Ríos le ha vendido al DIF local más de 440 mil latas de atún en mal estado y que han sido distribuidas en el Sistema de los desayunos escolares.
Además, dijo que el DIF también ha comprado a la misma empresa más de dos millones de pesos en miel de abeja y útiles escolares por más de dos millones de pesos”.
Dijo que no obstante los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, el Congreso de Guanajuato exoneró al DIF y le impuso a sus dirigentes sanciones que, más tarde, fueron declaras prescritas.
Al respecto, el senador panista Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva, señaló que se trata de una denuncia que por supuesto, de proceder, no debe generar un caso más de impunidad, y ordenó que se turnada a las Comisiones de Federalismo para sus efectos correspondientes.
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