Número-563

  • Están dadas las condiciones para que en México se apruebe una legislación integral para el desarrollo urbano, coinciden en foro “Urban Thinkers Campus México”.
  • Necesario, blindar planeación de corrupción, ocurrencias y vaivenes políticos: senadora Herrera Anzaldo.

Senadores de la República y especialistas coincidieron este martes en que están dadas las condiciones para que en México se apruebe una legislación integral para el desarrollo urbano y la gestión de las zonas metropolitanas.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, advirtió que las zonas metropolitanas “están totalmente desarticuladas” porque no se ven como un todo, sino que se administran y se dirigen desde “demarcaciones legales artificiales”.

En el foro “Urban Thinkers Campus México, rumbo al Hábitat III”, reiteró que es prioritario trabajar desde el punto de visto jurídico en el control y custodia de una “retícula de vialidades primarias” de uso compartido por la que se desenvuelva la infraestructura básica, la movilidad urbana y las diferentes redes troncales.

Además, dijo, se requiere resolver los equipamientos regionales: aeropuertos, parques metropolitanos y “párale de contar. Yo no me meto en la zona metropolitana a ver cómo se va a regular el espacio edificable, porque ese es otro problema”.

Consideró que debe ser obligatorio para todo municipio que se encuentre en una zona metropolitana sujetarse a una planeación metropolitana, pero para ello no se requiere una reforma constitucional.

En la sesión sobre los “Retos de la legislación de la legislación para zonas metropolitanas”, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, afirmó: “estamos a punto de concretar una reforma urbana”, que le permitirá a México dar solución a los muchos problemas que tiene en sus asentamientos humanos.

Expresó que dicha reforma inició con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pues fue un reconocimiento a la necesidad de una visión integral sobre esta materia, pero “necesitamos concluirla” y “darle dientes” a esta dependencia para hacer valer la ley:

Preciso que desde el ámbito jurídico se necesita encontrar el equilibrio entre la representación política y la continuidad y sustentabilidad de las decisiones, así como blindar la planeación del desarrollo urbano de la corrupción, las ocurrencias y “los vaivenes políticos”.

Herrera Anzaldo también destacó la importancia de revisar los fondos metropolitanos que muchas veces se pulverizan y cuentan con reglas claras, así como definir en la ley materias de este ámbito, pues la reforma urbana “no puede darse si no se logra la coordinación entre municipios, la concurrencia entre los diferentes órdenes de gobierno y la transversalidad de planes y políticas públicas”.

En tanto, el senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN, consideró: “Yo sí creo que debe haber una ley marco nacional que ayude” a solucionar problemas metropolitanos entre estados y municipios, así como relativos a la gestión del agua, drenaje o seguridad

Por su parte, el arquitecto Alejandro Nieto Enríquez reiteró que en los siguientes meses “se van dar las condiciones” para que México llegue a la Cumbre Hábitat III con una nueva legislación urbana y se ponga en el liderazgo mundial en esta materia.

Para ello, agregó, se requiere revisar algunos de los dispositivos constitucionales en materia del derecho a la ciudad, del sistema nacional de planeación, coordinación metropolitana, financiamiento o función del suelo.

“Esos son temas fundamentales que están en la Constitución y que tenemos que discutir si debemos de abordarlos para poder dar el marco general que requieren las leyes secundarias”, consideró.

Por su parte, Luis Antonio Rocha Santos, académico de la Universidad de Guadalajara, coincidió en que se necesita “una base constitucional adecuada” y en que la mejor manera de tratar los asuntos urbanísticos y ambientales es con la participación de los ciudadanos.

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