El Senado de la República modificó la Ley de Salud para que los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas tengan derecho a obtener información respecto de su salud, en su lengua y sean atendidos de manera general.

Esta medida es de gran trascendencia social, ya que tendrá efectos positivos para quienes acceden a los servicios de salud que no hablan español y que forman parte de las comunidades indígenas del país.
 
En el dictamen se da cuenta que México cuenta con gran diversidad étnica y cultural de población indígena, donde según el conteo de Población y Vivienda México 2005, asciende a más de nueve millones 500 mil personas; es decir, 10 por ciento de la población total de ese año.

Sin embargo, según estimaciones, al 2011 ascenderá a más de 12 millones, puntualiza.

Se trata de uno de los sectores de la población más vulnerables, debido a que la atención médica que reciben es insuficiente o nula, toda vez que su dispersión hace muy difícil el acceso a las unidades médicas.

Por lo tanto,  sufren y se ven rezagados en materia de salud por la falta de comunicación entre los médicos y los indígenas, y al mal entendimiento de las instrucciones médicas hacia los pacientes por falta de intérpretes que hablen su lengua o variante y el español.

Al discutir el dictamen, el senador del PAN, Guillermo Tamborrel Suárez, detalló que los indígenas contarán con acceso a información suficiente, clara, oportuna y veraz, orientación respecto de su salud, y de los riesgos y alternativas de procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le apliquen, “en su propia lengua”.

Además anunció que el presidente de la República firmó, este martes, el decreto por el que se emite un nuevo reglamento para los insumos de la salud, en materia de medicamentos biotecnológicos.

Por su parte, el senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, manifestó que el Ejecutivo tardó dos años para negociar con laboratorios acerca de los medicamentos biotecnológicos.

En esos dos años se gastó una enorme cantidad de dinero de parte de los enfermos, comprando biotecnológicos, a precio de laboratorio, por lo que cuestionó ¿quién les va a devolver ese dinero?

El dictamen se remitió a la Cámara de diputados.

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