Número-253

• Declaraciones de militares involucrados en caso Iguala ya se encuentran en expediente abierto y se subirán a la página de internet de la dependencia, informa Arely Gómez.
• La mejor disposición “del secretario de la Defensa también” para que, a través del MP, los expertos independientes puedan hacer sus preguntas a integrantes del Batallón 27, señala.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT cuestionaron a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, sobre los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.
Al iniciar la ronda de preguntas, la senadora Martha Tagle Martínez cuestionó a la procuradora qué pasó con el peritaje ordenado para realizar un nuevo trabajo a cargo de peritos forenses con formación y experiencia en incendios y cuerpos independientes, y si estaría dispuesta a que dichos peritos tengan el visto bueno del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su turno, la senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, cuestionó sobre si existe disposición de la PGR para que los militares del Batallón 27 rindan declaración ante el grupo de expertos de la CIDH respecto a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y de ser así si, enfatizó, “¿estaría dispuesta a llamar a declarar al general Cienfuegos?”
Respecto del caso Tlatlaya, la legisladora preguntó sobre el estado de las investigaciones de la muerte de 22 civiles en un enfrentamiento con militares en octubre pasado, así como del homicidio del normalista Julio César Mondragón, en ese mismo año.
El senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Gerardo Flores Ramírez, apuntó que el informe de la CIDH ha puesto en duda las investigaciones de la PGR, por lo que preguntó si la dependencia tenía documentada en la investigación el quinto camión al que se refirió el grupo de expertos, si se encuentra asegurado, así como si se ha establecido una hipótesis respecto al posible trasiego de drogas.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, luego de cuestionar el funcionamiento de los centros penitenciarios de alta seguridad de México, preguntó a la funcionaria federal acerca de cuáles son las acciones que ha realizado la PGR para castigar a las personas responsables por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán; y hasta dónde se ha infiltrado el crimen organizado en el Estado.
Acerca del caso Ayotzinapa, le preguntó que hace la PGR para solicitar que el delito de secuestro sea investigado como desaparición forzada; si existe una averiguación en contra del ex procurador Jesús Murillo Karam y el por qué no se le permite al Grupo de Expertos Independiente de la CIDH dialogar con elementos del 27 Batallón del Ejército.
Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Silvia Guadalupe Garza Galván, enfatizó que sobre el caso de Tlatlaya la única verdad es que no hay justicia, por lo que preguntó cuál es el estado de las investigaciones sobre este asunto; si la libertad de cuatro elementos del Ejército se debe a una errónea interpretación de un juez o una defectuosa integración de la investigación previa.
También la interrogó acerca de la actitud de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores sobre la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar el estado de los derechos humanos en el país; si hay alguna investigación sobre la deuda contraída en el estado de Coahuila y sobre los delitos en contra de periodistas.
El senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que “la verdad” de lo ocurrido a los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, no debe estar sustentado en rumores o chismes, sino en pruebas y peritajes. Sin embargo, señaló que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede asumirse como si fuera “cosa juzgada”.
Comentó que esta investigación que realizó la PGR es la única que ha sido pública, y cuestionó a la procuradora si fue así en aras de transparentar su actuación.
Fidel Demédicis Hidalgo, senador por el PRD, preguntó a la funcionaria federal cuál es el estado que guarda la investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en contra de Arturo Escobar y la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, por diversas anomalías denunciadas durante el proceso electoral del pasado 7 de junio.
El senador José María Martínez Martínez, del PAN, centró su comentario en el tema de la corrupción e impunidad, al hacer alusión un video en el que se observa a agentes de la PGR “sembrar” una pistola a un abogado que tiene un litigio contra una empresa que tiene un interés con el gobierno del Estado de México; y resaltó que según el Índice Global de Impunidad, México ocupa el penúltimo lugar de los 59 países objeto del estudio. El acceso a la justicia debe ser un auténtico derecho y no un lujo, subrayó.
El senador del PRI, Enrique Burgos García, cuestionó a la procuradora sobre las acciones adoptadas para implementar la reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas, aprobada en 2014.
En su oportunidad, Jesús Casillas Romero, senador del PRI, reconoció el compromiso de la procuradora en el marco de la seguridad nacional, en el fortalecimiento a la transparencia y el Estado de derecho, con pleno respeto a los derechos humanos.
Al dar respuesta a los cuestionamientos, la procuradora Arely Gómez González destacó que la PGR abrió las puertas al Grupo de Expertos, con quien ha trabajado de la mano, además de que se le han brindado todas las facilidades; nos hicieron cerca de 180 peticiones de información de las cuales 20 aún están pendientes de atender, precisó.
Aseguró que recibió con agrado el informe del grupo de expertos de la CIDH y que es sensible con las diferencias que existen en las investigaciones “porque si ellos fueron invitados por el gobierno mexicano para trabajar con nosotros, esa es nuestra obligación y convicción”.
Informó que se realizan los trámites oficiales ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para renovar el mandato a fin de que el grupo de expertos continúe realizando indagatorias en el país. Aunado a ello, señaló que se realizará un tercer peritaje en el basurero de Cocula, y estará a cargo de un cuerpo colegiado de siete expertos provenientes de cinco países, “ya se enviaron las cartas y ya nos confirmaron”.
En este sentido, dijo, “lo único que quiero es que se conozca la verdad, es un tema muy doloroso que afectó a todos los mexicanos, es un tema que duele”
Sostuvo que en el caso Ayotzinapa hay apertura de la PGR, por lo que las primeras declaraciones de militares involucrados ya se encuentran en expediente abierto y se subirán a la página de internet de la dependencia.
Además, a raíz de pláticas con la CIDH, se han recabado declaraciones de otros ocho soldados y “hay la mejor disposición de entrevistarse con otros integrantes del Batallón 27, y creo que del secretario de la Defensa también, para que a través del MP puedan hacer sus preguntas --de los expertos independientes-- y sean respondidas”.
Concerniente al homicidio de Julio César Mondragón, destacó que al no ser convincentes los resultados de las autopsias realizadas por la PGR y la Secretaría de Salud, se acordó con sus familiares la exhumación del cadáver para una tercera disección, a realizarse el 4 de noviembre, en la que participará el grupo de forenses argentino.
Arely Gómez subrayó que “es gracias a que el quinto autobús está documentado de tiempo atrás, que el grupo de expertos puede saber de su existencia”, y a instancias de la CIDH, la PGR solicitó asistencia técnica jurídica a Estados Unidos para realizar una inspección ministerial al vehículo, en particular a autoridades de Chicago donde se sigue una línea de investigación desde 2013, respecto a la introducción de drogas a ese país a través de camiones con doble fondo o compartimientos secretos.
Explicó que si bien los expertos de la CIDH consideran que los estudiantes, sin saber que podría contener drogas, se apoderaron del quinto autobús; las investigaciones evidencian que es el único camión donde no se registraron daños, pues los normalistas lograron escapar, lo que consta en autos con las declaraciones del chofer, por lo que no se dio tanta importancia a esta unidad.
Además, en las indagaciones de Chicago no se encuentran registrados los números de los autobuses involucrados en el caso, agregándose que ningún servicio de transporte de pasajeros de Guerrero cruza hacia Estados Unidos.
Contestó que se han realizado consignaciones en cuatro ocasiones por diversos delitos, entre ellos secuestro y delincuencia organizada en el caso de los normalistas desaparecidos; por lo que la PGR apeló la resolución de un juez para reclasificarlos por desaparición forzada, así como unir las cuatro denuncias en una sola causa penal.
En otro tema, expresó su confianza en que pronto se podrá saber en dónde se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán y dijo que sobre este personaje las investigaciones se ha llevado a través de dos vertientes: la del interior del penal y la exterior del mismo, por lo que el tema, dijo, ocupa y preocupa a la PGR y se llegará hasta donde se tenga que llegar.
Detalló que se han tomado 243 declaraciones, 40 inspecciones, un cateo, 4 aseguramientos, 522 oficios a diversas autoridades, 191 indicios recabados en el túnel y predio y 151 dictámenes rendidos por 105 expertos forenses.
En cuanto al caso Tlatlaya, dijo que la PGR apeló el auto del Poder Judicial, por lo que seguirá trabajando y explicó que las cuatro personas que se les dicto acto de libertad fueron por ejercicio no indebido de la función pública y los tres restantes fueron por homicidio.
Respecto a los delitos contra periodistas, reconoció que la Fiscalía Especializada no ha dado los resultados esperados, por lo que se ha planteado un trabajo diferente con un nuevo responsable en esta área.
La procuradora indicó que existen tres averiguaciones previas contra integrantes del Partido Verde, sin dar mayor información, pues sostuvo que se encuentran en trámite; pero subrayó que se agotarán las líneas de investigación.
Arely Gómez reconoció que en la lucha contra los grandes delincuentes “ha faltado atacar la estructura financiera del crimen organizado” y “la Ley de Extinción de Dominio, en la Procuraduría General de la República, no nos ayudado en mucho”.
Precisó que de acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de Transparencia se registró un aumento en la calificación de calidad y oportunidad de las resoluciones de la PGR, pues en los últimos cinco meses se pasó del 58.22 a 79.96, y las solicitudes de información pasaron de 76.5 a 86.62.
Hasta el momento, se cuenta con un 80 por ciento de servidores públicos capacitados, las declaratorias de inexistencia ahora se dan cuatro cada mes, porque se ha logrado una verdadera búsqueda exhaustiva de la información, añadió la servidora pública.