Senadores del PAN, PRI, PRD y Convergencia cuestionaron al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, sobre los avances en los procesos de evaluación policial, en el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) y el estado de inseguridad en la red carretera nacional.
En su intervención inicial ante la Comisión de Seguridad Pública, que preside el senador Felipe González González, el funcionario aseguró que de agosto del 2008 al 30 de septiembre de este año las tareas de evaluación de control de confianza policial registran un avance del 22.71 por cierto a nivel municipal.
En el ámbito estatal --añadió-- es del 19.77 y a nivel federal del 83.50 por ciento.
Informó que para mayo de 2012 se pretende que la mitad de los 458 mil 816 de integrantes de la fuerza operativa y la totalidad de los mandos policiacos de estados y municipios estén no sólo evaluados sino aptos para sus funciones.
Afirmó que del total de efectivos evaluados 26 mil 249 han sido aprobados, 16 mil 372 reprobados y 24 mil 37 están pendientes.
Además, sólo se han aplicado exámenes de confianza al 26 por ciento de altos mandos entre procuradores, fiscales y secretarios de seguridad pública, con 202 resultados pendientes, 98 aprobados y 31 reprobados.
De un universo del 14.9 por ciento de los mandos medios y superiores evaluados, agregó Alcántara Soria, tres mil 27 casos están pendientes, dos mil 756 fueron aprobados y mil 498 efectivos resultaron reprobados.
Asimismo, dijo que se han realizado exámenes de confianza al 10 por ciento del personal operativo lo que dio como resultado que 23 mil 395 efectivos pasaran las pruebas, 14 mil 834 no y 20 mil 808 casos se encuentren pendientes.
Sobre la profesionalización dijo que 26 entidades ya tienen la normatividad suficiente para implementar un sistema de desarrollo integral policial y ser eficaces, cuatro estados cuentan con una iniciativa de ley --Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Yucatán-- y Baja California Sur es la entidad que ni siquiera tiene una propuesta en la materia.
Sobre el Subsemun aseguró que a la fecha sólo los municipios de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, y Comondú, en Baja California Sur, podrían perder los recursos del subsidio.
Lo anterior, porque el ayuntamiento mexiquense no ha entregado la documentación que compruebe la implementación del Sistema Integral de Desarrollo Policial y Comondú no ha acreditado el ejercicio de al menos el 30 por ciento del total de recursos convenidos.
El funcionario informó que al mes de julio 48 municipios presentaron su documentación en orden para acceder a los recursos del Subsemun, por lo que recibieron la segunda ministración.
En tanto, ocho ayuntamientos solicitaron prórroga, 162 incumplieron diversas disposiciones, uno está en proceso de dictamen y otro más declinó el subsidio, agregó.
Respecto a la inseguridad en la red carretera nacional, refirió que de enero a agosto de este año, el robo con violencia a camiones de carga, según las procuradurías estatales, es mayor en Puebla, Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala.
El robo con violencia a autobuses, añadió, se presenta con más regularidad en Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Durango; mientras que a vehículos particulares es mayor la incidencia en Veracruz, Chihuahua, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Durango, Chiapas y San Luis Potosí.
Señaló que “hay muchas procuradurías que no están alimentado los datos en tiempo oportuno o reportan menos incidencias de las que realmente tienen”, por lo se ha girado un oficio a todos los gobernadores para que las bases de información sean confiables.
En su turno, el senador Felipe González manifestó que así como se solicitó la información al Sistema Nacional de Seguridad Pública, también se le pedirá a estados y municipios para comparar los datos, pues no se trata de buscar quién quedó mal o bien sino fortalecer la seguridad de la ciudadanía.
Dijo que en este esfuerzo se han reformado diversas leyes para que los mexicanos recuperen la tranquilidad y sobre todo para “que no tengamos simulaciones o inequidades en esta materia.
El senador panista Alejandro González Alcocer consideró que existe “un cuello de botella” para la certificación de las policías en los exámenes de polígrafo.
Lo anterior, aseguró, debido a que un poligrafista puede hacer tres o cinco exámenes en un día, mientras que “equipos mucho más avanzados pueden hacer 50 o 60”.
Por ello, se pronunció por atender este problema y destrabar la certificación de una manera mucho más expedita, ya que existen “los recursos suficientes” para adquirir estos equipos.
Por el PRI, el senador Antelmo Alvarado García destacó que mientras “los de enfrente tienen toda la capacidad para comprar las mejores armas, nosotros tenemos que esperar a que nos surtan las que ya, incluso, están en la calle en manos de la delincuencia”.
Señaló que si algún secretario de seguridad pública denunciaba estos hechos “simple y sencillamente se auditaba, se encontraban deficiencias y se le retiraban parte de los subsidios”.
A su vez, la senadora perredista Selene Lucia Vázquez Alatorre indicó que en los tramos carreteros que van de Monterrey a Nuevo Laredo se han registrado “más de 5 mil desaparecidos”.
“No son robos, no estamos hablando de asaltos a camiones o autobuses: estamos hablando de desapariciones de personas y no veo que esté reportado aquí”, acusó, al citar los datos contenidos en el informe presentado por Alcántara Soria.
Lo que se ha podido saber de esas desapariciones --agregó-- es que se dan en retenes falsos, con gente que se hace pasar como integrante del Ejército en carreteras de cuota.
“La gente paga para que la maten”, afirmó.
Su compañero de bancada, Valentín Guzmán Soto, cuestionó sobre cuánto dinero del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal se ha entregado este año, a cuánto ascienden los subejercicios y cuál es la cantidad que no ha sido repartida.
Atribuyó lo anterior a que el pasado mes de agosto Alcántara Soria dio a conocer la suspensión de la segunda entrega de recursos del Subsemun a 172 municipios.
Mientras, refirió, los recursos transferidos a municipios que sí cumplieron con los requisitos ascendieron a 336 millones 871 mil pesos de un total de mil 600 millones que integran la segunda partida de este programa.
A su vez, el senador de Convergencia, Eugenio Govea Arcos, pidió al funcionario que revise las condiciones de trabajo de los elementos de la Policía Federal.
“He recibido quejas directas en donde tienen que dejar las armas de cargo bajo resguardo en las instalaciones y salen totalmente desprotegidos a la calle”, subrayó.
Tengo entendido --dijo-- que las armas de alto calibre solamente las pueden utilizar “tiro a tiro y no con metralla”, por lo que están en condiciones inferiores y ponen en riesgo su vida.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los senadores, Alcántara Soria comentó que se necesita tener una base de datos confiable que esté construida entre las estancias locales y federales para tener un registro confiable de desapariciones.
Anunció que la PGR proporcionará la información de cómo se está construyendo dicha base de datos “para ser consultable por cualquier interesado”.
Informó que se llevarán a cabo campañas de difusión adecuadas para identificar los retenes legales de las fuerzas policiales de los que no lo son.
Por otro lado, indicó la capacitación de las policías municipales tiene que estar orientada a la prevención social de la violencia y construir “inteligencia” en los barrios.
Sin embargo, reconoció que el 80 por ciento de los integrantes de este tipo de policías “no tienen ni la primaria terminada”.
En el tema de trata de personas señaló que existe un problema “delicado” que se tiene que abundar con los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala, debido a que son dos entidades que tienen una enorme incidencia en este problema.
Refirió que hasta el momento se han transferido 2 mil 943 millones de pesos del Subsemun que representa el 70 por ciento del total, “pero aún falta la tercera ministración para completar los 4 mil 303 millones”.
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