El Senado modificó la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a fin de establecer las condiciones y espacios para garantizar el desarrollo integral de las hijas e hijos de las mujeres en reclusión hasta seis años de edad.

Aprobada con 77 votos a favor, la reforma asegurará los servicios de alimentación, salud y educación de los infantes, así como la atención médica y ginecológica durante y después del embarazo en los centros de reclusión.

Ello, se precisa en el dictamen, cuando así lo determine el personal capacitado y con opinión de la madre.
Para cumplir con estos objetivos, se agrega, el Ejecutivo podrá celebrar convenios con las entidades.

Además, plantea que en la construcción de nuevos establecimientos de custodia y de ejecución de sanciones, así como en el remozamiento o adaptación de los existentes se deben implementar espacios e instalaciones que faciliten el desempeño de actividades de industria penitenciara para las y los internos.

Asimismo, dispone que la asignación del trabajo para las reclusas se haga de acuerdo a su deseo, vocación, aptitudes y estado de gravidez.

Al respecto, el senador panista  Guillermo Tamborrel Suárez resaltó que el sistema penitenciario se rige por modelos masculinos y carece de una marco legal para salvaguardar los derechos de las mujeres en reclusión, así como de los hijos que las acompañan hasta una edad promedio de seis años.

Las cárceles, subrayó, fueron construidas sin considerar las necesidades particulares de las reclusas, que representan el cinco por ciento de la población carcelaria.

Destacó que el 86 por ciento de las mujeres reclusas son madres y su problemática se extiende de forma inevitable hacia sus hijos, pues sólo 13 centros son exclusivos para ellas y no cuentan con espacios para su atención hospitalaria, maternidad, pediatría, guarderías, educación y alimentación.

Además, dijo, las mujeres tienen que pagar altos precios por productos o medicamentos que en el exterior cuestan la mitad.

En opinión del senador perredista Tomás Torres Mercado, con esta reforma las guarderías de las reclusas “tendrán más prestaciones que las de las madres trabajadoras”, pues se obliga al Estado a que sus hijos tengan atención pediátrica, alimentaria, de guardería y educación hasta los seis años.

Los servicios de guarderías para las mujeres que trabajan, contrastó el legislador, se proporcionan a los menores desde los 43 días hasta que cumplen cuatro años.

“No estoy en contra del derecho humano de quien está privado de la libertad, pero no es equitativo” y los cambios legales no están en armonía con la ley, asentó.

Su compañero de bancada, senador Rubén Velázquez López, reiteró que la situación de las mujeres en prisión es precaria, pues el sistema penitenciario no cuenta con suficientes servicios de atención médica especializada, tanto para las mujeres como para los niños.

En tanto, el senador Pablo Gómez Álvarez, también del PRD, aclaró que “no se trata de establecer una burbuja de derechos para las reclusas, sino instituir derechos mínimos a quienes viven --niños y niñas-- en las prisiones por cualquier motivo”.

A su vez, el senador petista Ricardo Monreal Ávila consideró que nadie debería oponerse a este tipo de medidas, aunque las mujeres hayan sido privadas de su libertad por la comisión de delitos.

Los hijos menores de seis años, subrayó, “no tienen responsabilidad de que sus madres hayan infringido la ley”, por ello tienen derecho a la educación, salud y alimentación, pero sobre todo, necesitan de ellas, porque es la etapa donde se genera mayor afecto, formación y cariño.

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