Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su “alarma” por la idea de que el arraigo sea una medida conveniente para que en el mediano o corto plazo “nuestras instituciones mejoren”.
“Si nosotros decidimos pagar el costo de violar derechos de mexicanos y mexicanas en espera de un futuro mejor cometemos un error muy grave que socava la democracia”, advirtió.
Durante la inauguración del foro Reforma Penitenciaria y Arraigo. Acciones urgentes frente a la reforma constitucional en derechos humanos, aseguró que el arraigo es un problema sistemático, por lo que “el país presencia de manera cotidiana cómo se diluyen sus garantías”.
En este sentido, informó que según fuentes de Secretaría de la Defensa Nacional, ha habido mil 851 detenidos relacionados “a unos mil 600 encuentros armados o ataques”
Sin embargo, subrayó, “no queda claro si estos mil 851 detenidos que se reportan fueron arraigados por el Ejercito o la Marina antes de ser trasladados a la autoridad jurisdiccional”.
Por ello, consideró que la figura del arraigo tiene “un punto gravísimo de materialidad en el cual se violan derechos de mexicanos y mexicanas hoy día”.
Agregó que no sólo es una cuestión de cifras sino es una realidad que vulnera derechos de los mexicanos.
En tanto, el senador perredista, Carlos Navarrete Ruiz señaló que existe una “gran opacidad” en la utilización del arraigo, ya que la Procuraduría General de la República no proporciona información sobre el número de arraigados y si han podido o no fincarle responsabilidades penales o dictarles sentencia.
Ante ello, anunció que solicitará, amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública,
Gubernamental, la información respectiva y “en caso de ser negada interpondré ante el IFAI la solicitud de información pertinente”.
En este sentido, subrayó que frente al combate a la delincuencia se “equivocan aquellos que piensan que los derechos humanos constituyen un estorbo para las labores de procuración e impartición de justicia”, por lo que el arraigo tiene que desaparecer del sistema jurídico mexicano.
Desafortunadamente --agregó-- el arraigo nos pone a todos bajo “sospecha y peligro”.
En su oportunidad, el senador panista Alejandro González Alcocer comentó que “nadie está de acuerdo con el arraigo porque no es una medida garantista pero habrá que ver la necesidad de él en la realidad que vivimos en el país”.
En este sentido, mencionó que en algún momento se tendrá que suprimir esta figura, pero preguntó: ¿ya estamos en un sistema garantista en México? “La respuesta es no y esto va a tardar todavía”.
Refirió que según la PGR el 80 por ciento de “sus arraigos” han sido efectivos y dado resultados. “Eso dicen ellos; yo también pediría que den información verídica y completa respecto a los arraigos y cómo ha sido su evolución”.
Por otro lado, consideró que el sistema penitenciario en nuestro país nunca ha funcionado para la rehabilitación y reinserción social; “al contrario, parecen las escuelas más altas del crimen, ya que no hay espacio suficiente para rehabilitar a nadie”.
La senadora petista Rosario Ibarra de Piedra mencionó que el principal problema de nuestro país es la corrupción, ya que no permite que ningún cuerpo policíaco o el propio Ejercito detengan los delitos que dañan a la población.
Además, recalcó, impide una recta procuración de justicia “en donde las cárceles están llenas en su mayoría de pobres o inocentes sin que sean pisadas nunca por funcionarios corruptos e influyentes o por verdaderos delincuentes”.
Esto ha provocado que la sociedad mexicana se encuentre en medio de lo peor de dos mundos: por un lado la inseguridad que lacera su vida cotidiana y por el otro un Estado autoritario que es habitual violador de derechos humanos, afirmó.
Ante esta situación, expresó, las detenciones arbitrarias por parte de la autoridad han sido “desafortunadamente” una realidad constante que ha padecido el pueblo mexicano.
A su vez, Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó que sólo garantizando los derechos humanos el Estado podrá justificar su permanencia y la sociedad podrá desarrollarse bajo condiciones de igualdad, justicia y dignidad.
Manifestó que la coyuntura histórica ante la cual nos encontramos, “habrá de definirse por la manera en cómo enfrentamos el reto de construir las condiciones necesarias para respetar y fomentar los derechos humanos en nuestro país”.
El ministro indicó que la protección a los derechos humanos en nuestro país es un valor universal y una obligación tanto individual como colectiva, por lo que su defensa contribuirá en la consolidación de un “auténtico Estado social y democrático de derecho”.
Sin embargo, reconoció que aún falta mucho camino por recorrer, a fin de que la adopción de esta importante doctrina deje de ser un mero discurso retórico y pueda llegar a permear de manera real y efectiva.
“El discurso de los derechos humanos es fácil de adoptar pero no sencillo de cumplir”, apuntó.
En su turno, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, informó que las organizaciones no gubernamentales han documentado más de 200 casos de personas sometidas a arraigo, y detectado patrones sistemáticos de tortura, violaciones sexuales y agresiones.
Sin embargo, resaltó, “especialmente nos preocupan los casos de desaparición forzada de personas sometidas a arraigo”.
Es sumamente grave --enfatizó-- que una persona sometida, posteriormente desaparezca en manos de la autoridad.
“Esto se da --dijo-- porque hemos visto que a las personas se les arraiga en instalaciones militares, en casas particulares, en hoteles, en casas sin identificación y no en centros claramente identificados.
Es sumamente grave que un Estado democrático como México pueda poner en riesgo su vida, ya que hasta el momento no se les ha configurado ninguna responsabilidad”, puntualizó.
Por su parte, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, externó que dada la situación de violencia es necesario incorporar “criterios de racionalidad” para limitar el pragmatismo que “desafortunadamente lo único que está logrando es incrementar la violencia”.
Tenemos que detener el número de personas que son víctimas de la delincuencia organizada pero también tenemos que detener el número de personas que son víctimas del sistema de justicia penal, apuntó.
Aclaró que en el caso del sistema penitenciario los datos actuales demuestran que las cárceles se están convirtiendo en bolsas de trabajo para la criminalidad organizada, lo que lleva a una “situación paradójica de que queriendo combatir el delito estamos creando las circunstancias para refuncionalizarlo y que a partir de ahí se cometan más delitos”.
En cuanto al arraigo dijo que éste provoca una cadena de violaciones a los derechos humanos, por lo que “hoy por hoy hace del sistema penal el principal riesgo para la libertad de los mexicanos”.
Posterior a la inauguración se realizaron dos mesas de trabajo en las que se abordó el tema de los derechos humanos en el nuevo sistema penitenciario y la reinserción social, así como el de personas privadas de su libertad y la prisión preventiva.
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