Con 94 votos a favor el Senado de la República aprobó, con cambios, la minuta que reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución, a fin de instituir la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior.
Con la enmienda al texto remitido por la Cámara de Diputados, se determinó que la cobertura total del bachillerato, “en todas sus modalidades”, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 para terminar “a más tardar” en el 2021-2022.
Lo anterior, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de los estados, en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo.
También, instituyó que para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de los estados y municipios, se incluirán los recursos necesarios.
Asimismo, se fijarán los mecanismos para la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior.
Sobre el tema, el senador priista Pedro Joaquín Coldwell dijo que México es uno de los países de la OCDE que tiene los menores niveles de cobertura en este tipo de educación, incluso por debajo de naciones como Brasil y Chile.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales mencionó que en nuestro país “apenas podemos otorgar un 60 por ciento de oportunidad a jóvenes que egresan de la secundaría”.
Señaló que parte de esta deficiencia obedece a la carencia de infraestructura y servicio, pues muchos de los egresados de secundaría no pueden seguir con sus estudios “por carecer de planteles accesibles”.
A su vez, el senador Ricardo Torres Origel, de Acción Nacional, resaltó el avance en materia educativa y la importancia de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de brindar más y mejor educación.
Destacó que con ello se hace congruente nuestra legislación con los lineamientos de los instrumentos internacionales que México ha suscrito.
Expuso que la obligatoriedad en el nivel medio superior tendrá como efecto inmediato la mejoría en los niveles de educación, preparación de los jóvenes, y fortalecerá la cultura educativa y el desarrollo de los mexicanos para enfrentar los retos del campo laboral en el país y fuera de él.
En tanto, el senador Ramiro Hernández García, del PRI, recalcó que es con educación como se solucionarán muchos de los problemas que viven los mexicanos.
Externó que miles de jóvenes no ingresan a preparatorias porque no hay espacios, por lo que con la reforma esos 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan tendrán la oportunidad de hacerlo.
Consideró importante que las decisiones de gobierno sean acordes con las reformas legislativas y den cumplimiento a lo que establece la ley, mediante un aumento en el presupuesto para tal efecto, así como hacer una revisión al proyecto educativo.
Por su parte, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez aseguró que si México cobrara impuestos debidos y progresivos a los más ricos, garantizaría por tres años la educación media superior.
Cuestionó los estímulos fiscales que otorga el Ejecutivo a padres que tienen a sus hijos en educación privada, ya que “no hay recursos para construir aulas y contratar profesores en enseñanza de bachillerato.
Llamó al Senado a derogar esa disposición y utilizar los recursos a favor de la legislación que se aprueba.
Por el PVEM, el senador Francisco Agundis Arias indicó que con la aprobación del dictamen, se establecerán las condiciones para modificar la legislación reglamentaria, a fin de que sea un derecho la asistencia a la educación y formación profesional.
Destacó la importancia de establecer como obligación del Estado otorgar educación media superior, con la particularidad de que no se vulnerarán las instituciones “libres y educativas” del país.
Además, llamó a que en el presupuesto sean considerados los montos suficientes para la implementación de la reforma y que ésta no se vea impedida por falta de recursos económicos.
A su vez, el senador Francisco Alcibíades García Lizardi, de Convergencia, manifestó que sólo el 42 por ciento de la población mexicana de entre 25 y 44 años de edad cuenta con una educación media superior.
En este sentido, refirió que las tasas de graduación de México son las segundas más bajas entre los países de la OCDE, sólo después de Turquía, mientras que el 52 por ciento de los estudiantes de este nivel concluyen sus estudios frente al 68 por ciento de otras naciones.
Ante este panorama, el legislador advirtió que el desafió para México será proporcionar educación a “la población más grande de jóvenes que el país verá en unas décadas y aumentar su inversión por estudiante”.
Por su parte, el senador petista Ricardo Monreal Ávila indicó que en el 2010 más de 7 millones de jóvenes, que oscilan entre los 15 y 29 años, “no estudiaron y tampoco trabajaron”.
Esta situación, agregó, ha provocado que México pertenezca a los países con mayor población inactiva “o podríamos decirlo de otra manera: población joven contratada por los cárteles”.
En este sentido, expresó que “hoy mismo amanecimos con una noticia: diez sicarios muertos en Zacatecas, en un enfrentamiento con la Policía Federal y los sicarios muertos tenían entre 16 y 18 años; a eso hemos orillado a la población con este sistema injusto”.
Por ello, consideró que esta enmienda constitucional será un “paliativo pero no resolverá el problema de fondo”.
En su oportunidad, el senador Rafael Ochoa Guzmán, de Nueva Alianza, expresó que esta reforma constitucional es de “enorme trascendencia”, ya que supone “un paso decisivo e histórico en la compleja y ardua tarea del Estado de brindar servicios educativos gratuitos, laicos y de calidad a los jóvenes mexicanos”.
Sin embargo, consideró que el plazo para alcanzar la cobertura total “es muy largo, si pensamos en la urgente necesidad de atender a los miles de jóvenes que no han encontrado lugar en las escuelas públicas”.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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