BOLETÍN-1329 Servidores públicos, quienes cometen la mayoría de delitos contra periodistas: FEADLE.
Desde septiembre de 2010 a la fecha, se ha ejercido acción penal en contra de 40 probables responsables por delitos en contra de periodistas, en su mayoría cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, informó Gustavo Salas Chávez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos en contra de la Libertad de Expresión.
En cuanto a los casos de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad, indicó que se han consignado a “peligrosos narcotraficantes pertenecientes a organizaciones delictivas y se han atraído investigaciones donde se tiene acreditada la participación de este tipo de criminales, mismas que esperemos en breve poder consignar ante la autoridad judicial”.
Al comparecer ante la Primera Comisión de la Permanente para informar sobre las acciones que la Fiscalía ha emprendido para enfrentar la violencia contra comunicadores, explicó que los delitos que más se comenten hacia ellos son la tentativa de homicidio, abuso de autoridad, amenazas, daño en propiedad ajena agravado, lesiones y robo calificado.
En este sentido, Salas Chávez refirió que el organismo ha ordenado 64 medidas cautelares a favor de periodistas y medios de comunicación.
Sin embargo, advirtió, en algunos casos las autoridades requeridas se han negado al cumplimiento de este mandato legal bajo argumentos referidos a “una pretendida falta de personal, a una supuesta invasión de competencias y de la violación a la soberanía de los estados”.
Mencionó que la dependencia a su cargo cuenta a la fecha con un total de 2 mil 759 datos relacionados con los 76 homicidios y las 13 desapariciones de profesionales de la comunicación que se tienen reportados.
Derivado de lo anterior, agregó, en 2010 se reactivaron las investigaciones que se encontraban en las distintas áreas de la institución, “iniciándose 126 más de éstas, sólo en la FEADLE”, en contraste a las 68 que la antigua Fiscalía realizó “durante todo su existencia de 2006 a 2010”.
Por otro lado, reconoció que la evolución de la Fiscalía “ha estado inmersa en un proceso largo, difícil, lento e insatisfactorio, lo cual ha generado cuando menos un desánimo y desconfianza de la sociedad”.
“Ciertamente sin la rapidez, agilidad y eficacia que todos deseamos pues los retos son complejos y el proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales ha sido lento frente a las exigencias de la realidad”, puntualizó.
Por ello, considero que la tarea también convoca a los tres poderes del Estado y a todos los componentes, ya que “las amenazas son serias y necesitamos ser corresponsables para enfrentarlas cada quien en el ámbito de su competencia, de su responsabilidad y en su propio espacio de acción social”.
En tanto, el senador José Guadarrama Márquez, titular de la Comisión, advirtió que ante la situación de inseguridad pública el Estado mexicano es incapaz de sostener condiciones de normalidad democrática que hagan posible la libertad de expresión y el derecho a la información.
Señaló que en algunas zonas del país los periodistas se encuentran sujetos a intimidación y autocensura ante la acción del crimen organizado, además de que “es innegable que se percibe una situación de impunidad por el hecho de que muy pocos de los casos de asesinatos y desapariciones han sido esclarecidos”
En esta percepción de impunidad --subrayó-- los delincuentes buscan que la prensa guarde silencio o se haga cómplice de aquellos actores que actúan contrario al interés público.
Aunado a ello, destacó que en diversas entidades federativas se hostiga y “hasta se lleva a prisión” a periodistas que ejercen crítica sobre el gobierno, servidores públicos o particulares poderosos “quienes recurren a los obsoletos delitos de calumnia y difamación para acallar a la prensa”.
En su intervención el diputado panista Agustín Castilla Marroquín aseguró que mientras siga habiendo impunidad en estos casos, “los incentivos están dados para que la conducta se repita”.
Dijo que su grupo parlamentario se suma a la exigencia de “que todos y cada uno de los lamentables hechos se esclarezcan y los responsables sean sancionados de manera ejemplar”.
Es un tema prioritario para el Estado mexicano y compartimos la preocupación de que el número de casos se haya venido incrementando, enfatizó.
Por su parte, el diputado priista César Augusto Santiago Ramírez manifestó que en el país no solamente hay una crisis de seguridad pública sino también de legalidad.
Esta crisis de legalidad “terrible” --explicó-- se sustenta en una subcultura de la impunidad que el gobierno se ha encargado de propiciar y auspiciar.
Por ello, expresó, “no me parece que sea correcto que cada que haya un asunto de la competencia federal, la conclusión más evidente sea un procedimiento de repartición de culpas; no lo comparto”.
También por el PRI, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga externó que “es grave que cuando desde la órbita del poder se intenta limitar y coaccionar la libertad de expresión”.
En este tenor, resaltó que los crecientes recursos y presupuestos en todos los niveles para “publicidad o información” es también una manera de limitar y de incidir sobre la libertad de expresión.
Al responder a los legisladores, Salas Chávez informó que los homicidios que se han cometido en contra de comunicadores en el norte del país “sí están asociados directamente a la actividad de la delincuencia organizada”.
“Nos hemos dado cuenta que muchos periodistas son víctimas de la delincuencia organizada, que los obligan y amenazan permanentemente a mantener una línea editorial y que tienen control de ciertas regiones donde hay una presión sistemática sobre los medios de comunicación”, aseguró.
Sin embargo, aclaró que cada vez que cae un capo, “inmediatamente vamos a la SIEDO y declaramos, interrogamos e investigamos a estos sujetos y ya empieza fluir la información”
Ejemplificó el caso de Chihuahua en donde “con la detención de El Diego hemos entrado en contacto con él, lo interrogamos y ha dado datos importantes”, mientras que en los casos de los dos periodistas desaparecidos en Michoacán se trabaja con la SIEDO.
Por otro lado, manifestó que con las primeras inferencias criminológicas “nos hemos encontrado que en algunos casos las víctimas murieron por accidentes, murieron atropellados y en otros casos, aún cuando tenían credenciales de periodistas, los dueños de los periódicos no los reconocen como miembros de su organización periodística”.
Hizo ver la necesidad de un marco legal donde “no nos estemos repartiendo culpas” sino donde cada quien tenga muy clara la obligación de en qué momentos y bajo qué condiciones va a intervenir.
Reconoció que se han podido esclarecer muy pocos casos porque a su llegada a la Fiscalía "no teníamos ni sabíamos de cuantos asuntos se trataban, no teníamos ni expedientes; esa es la verdad”.
Por ello --dijo-- estamos tratando de rehacer, bajo un plan de trabajo, un esquema “que cuando nos toque entregar esta responsabilidad a quien llegue, cuando menos tenga condiciones mínimas de desarrollo para poder atender este problema”.
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