• Grupo de trabajo de senadores y diputados para atender el caso Ficrea se reunió con el presidente de la CNBV y el Procurador Fiscal de la Federación.
• Mecanismos de resolución y protección “son muy acotados”: González Aguadé

Legisladores del grupo de trabajo bicameral para atender el caso Ficrea hicieron un llamado a funcionarios federales para encontrar, “lo más rápido posible”, una solución justa y legal para los ahorradores defraudados de esta sociedad financiera, así como para garantizar el castigo a los responsables.

En una reunión con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, y el Procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que el grupo de trabajo tiene interés de encontrar, “lo más rápido posible”, una solución justa y legal para el problema.
Además, hizo un llamado para dar seguimiento puntual al castigo de los responsables, así como para que a la brevedad los legisladores determinen las modificaciones que requiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular para evitar este tipo de casos.
Por Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón destacó la necesidad encontrar una combinación entre un fondo de reserva en garantía, para que la banca de desarrollo pueda inyectar dinero y pagar al mayor número de inversionistas, así como aumentar el umbral de 25 mil UDIS como seguro de depósito.
Solicitó que los funcionarios dieran a conocer la posición del gobierno federal sobre el caso, pues de lo contrario, “estamos otra vez en la especulación, la hipótesis, los escenarios y planes, pero no aterrizamos una propuesta” realista, legal y equitativa.
A nombre del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Dolores Padierna Luna manifestó que los ahorradores son víctimas de la corrupción de Rafael Olvera, principal socio de Ficrea, así como de la falta de actuación de las autoridades.
Acotó que “se tiene que pensar en la transparencia y en la venta de activos para que no pase lo que ocurrió con el Fobaproa”, caso en el que no se conoció a cuánto ascendían los activos, cuál era su valor y a dónde se canalizaron.
Por el mismo partido, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez expresó: “esperamos dos cosas: una respuesta puntual a la propuesta de los ahorradores” y la solución que plantean las autoridades.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, consideró conveniente definir el tiempo para evaluar la cartera, toda vez que existe desesperación de quienes invirtieron su dinero “y no se vislumbra una solución pronta”.
Aseveró que la transparencia no se limita en dar a conocer que en el fideicomiso hay tres mil 200 millones de pesos, sino que se tienen que aportar más elementos sobre su constitución y comportamiento, a fin de para saber qué parte de esos ingresos tienen más riesgo que otros.
En tanto, María Sanjuana Cerda Franco, diputada de Nueva Alianza, cuestionó la razón de la CNBV para aun no haya revocado la autorización a la Federación Atlántico-Pacífico, que no cumplió de manera adecuada con su función de supervisar a Ficrea.
“Queremos solucionar este problema ya, porque lo que estamos dejando es un huella para que se siguen presentando casos como estos”, acotó, pues no se aplica la ley y se quedan en la impunidad” y si ahorita las víctimas son los ahorradores de dicha sociedad financiera, “mañana serán más”.
En su intervención inicial, González Aguadé informó que se han recibido cuatro mil 792 solicitudes para el pago del seguro, de los seis mil 848 ahorradores de Ficrea que cuentan con este derecho. Además, agregó, ya se han entregado dos mil 669 cheques a los clientes de la sociedad financiera
Dio a conocer que se han registrado 893 ahorradores que no solicitaron el pago de este seguro, a pesar de que de que se ha comunicado que recibir el pago de las obligaciones garantizadas “no obsta para seguir cobrando en los siguientes esquemas”.
Dijo que el monto total de los depósitos que representan las cuatro mil 792 solicitudes asciende a tres mil 310 millones de pesos, y la suma de los recursos de los 893 ahorradores que no pidieron el pago del seguro es de mil 734 millones de pesos. Además, mil 163 depositarios aún no se han presentado en ninguna de las dos ventanillas.
González Aguadé destacó la necesidad de reformar el capítulo dos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, pues los delitos que contempla “no son lo suficientemente detallados o asertivos para este tipo de intermediarios”.
Reconoció que “los mecanismos de resolución y protección son muy acotados” y dijo que aunque el fraude en Ficrea no es representativo del sector, éste evidenció algunos problemas en el esquema de supervisión auxiliar a través de federaciones, pues cada federación tiene sus propias formas de operar, está capacitada de diferente manera y genera costos adicionales a la CNBV.
Por su parte, Narciso Campos Cuevas, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, afirmó que la banca de desarrollo está en un proceso de análisis de la cartera que debe sustentar el crédito para la monetización de los activos de Ficrea, al fin de hacer llegar esos recursos al fideicomiso para realizar los pagos a los defraudados.
Javier Laynez Potisek reiteró que se presentó la orden de aprehensión que fue dictada por delito grave, que permitió solicitar la extradición de Olvera Amezcua a Estados Unidos, así como congelar y asegurar cuentas y activos en el extranjero.
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