BOLETÍN-1206 Solicita la Permanente verificar situación patrimonial de miembros del Poder Judicial.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) verificar la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia.
La comprobación se realizaría mediante un convenio de coordinación permanente y de intercambio de información entre el CJF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Además, los legisladores invitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al CJF a llevar a cabo con el Congreso un diagnóstico de la justicia en México que permita evaluar el desempeño de los órganos judiciales, combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y abatir el rezago en la materia.
En el dictamen aprobado se señala que el CJF anunció la presentación de la denuncia de hechos ante la PGR, desde el 28 de enero de 2011, en contra del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la ciudad de México, Esiquio Martínez Hernández, por el probable delito de enriquecimiento ilícito.
Indica que el comunicado del Consejo, emitido bajo en número 21, explica que la denuncia fue presentada “tras detectarse que en los últimos años obtuvo y registró ingresos y egresos, superiores a sus percepciones como servidor público.”
Destaca que Martínez Hernández obtuvo ingresos netos declarados ante el SAT, después de impuestos y otras retenciones, en el periodo de 2003 a 2010, por la cantidad de cinco millones 444 mil 814 pesos con 25 centavos, siendo que “en una sola de sus cuentas bancarias registró movimientos por 432 millones 536 mil 378 pesos con 57 centavos”.
Por ello, senadores y diputados coincidieron en que diversos órganos judiciales son objeto de señalamientos que implican corrupción de algunos de sus integrantes, lo que mina la confianza ciudadana en la imparcialidad de los medios de administración de justicia del Estado.
En opinión de los legisladores, repercute en desconfianza hacia el resto de los órganos de gobierno, pues se identifica su actuar como arbitrario e impune.
Destacaron que mantener la confianza de la sociedad respecto de la actuación de las instituciones que procuran y administran justicia, constituye un elemento imprescindible para recuperar las condiciones de paz social y seguridad pública, vulneradas por el fenómeno de violencia que impera en el país.
Por ello, consideraron conveniente promover el trabajo de evaluación entre los poderes Judicial y Legislativo, a efecto de formular un diagnóstico que permita el eventual diseño e implementación de una política de fortalecimiento del esquema de impartición de justicia.
Piden que Consejo de Seguridad sesione en Nayarit
En otro tema, la Permanente exhortó al Ejecutivo federal para que de manera urgente convoque al Consejo Nacional de Seguridad Pública a sesionar en el estado de Nayarit.
Lo anterior, a fin de diseñar e implementar una estrategia integral que disminuya los índices de violencia y criminalidad en el estado.
Exigen proteger a Grettel Rodríguez Almeida
De igual forma, el pleno de la Comisión Permanente remitió un punto de acuerdo a la gobernadora de Yucatán, a efecto de que se considere la procedencia y oportunidad de instrumentar medidas administrativas tendientes a la protección de la integridad física de Grettel Rodríguez Almeida, víctima de violencia por parte de su ex pareja.
Posteriormente se aprobaron diversos dictámenes de los cuales destaca uno por el que se solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ceda la administración y control de la alberca pública ubicada en el interior del Centro Urbano Presidente Alemán de la Delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal.
Otro con el que se remite un punto de acuerdo al gobernador de Coahuila para garantizar el orden social, la seguridad de las personas y la transparencia del proceso electoral.
Asimismo, se avaló un exhorto al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, para que desarrolle nuevos programas de capacitación para la profesionalización de la Policía, el Sistema Judicial y Penitenciario, así como el reforzamiento de las tecnologías de información.
También se pidió al Instituto Federal Electoral que en su campaña de promoción del voto entre los mexicanos residentes en el extranjero, promueva la libertad del sufragio.
En tanto, se solicitó a los congresos de diversos estados a modificar su códigos penales para que tipifiquen los delitos de robo, fraude y falsificación, a través de vales utilizados para el canje de bienes y servicios.
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