BOLETÍN-1193 Concluye trabajos Comisión de Derechos Humanos del Parlatino.

Al concluir los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, del Parlamento Latinoamericano, se informó que en México existen 95 mil 500 reclusos sin sentencia.

De acuerdo con la declaratoria final que dicha Comisión emitió al término de sus labores, se indicó que existe un hacinamiento del 22.2 por ciento en las cárceles del país y actualmente se tienen registrados 250 mil detenidos.

Legisladores de Latinoamérica expusieron que para 2012, México contará con una capacidad para 47 mil reclusos y además se contempla que habrá más de 41 mil detenidos para ese año.

Destacaron que estos datos fueron obtenidos del informe presentado por el senador panista Felipe González González, sobre la situación que guarda el sistema penitenciario mexicano.

En el documento se señala que el gobierno federal aspira a tener 25 centros penitenciarios en 2012 y continuar con la descentralización de este sistema, además de tener previsto una inversión de más de tres mil 100 millones de dólares.

Asimismo, se explica que el gobierno mexicano busca encaminar sus esfuerzos hacia un modelo de prevención social de la delincuencia, establecer un sistema penal que pase de inquisitivo a acusatorio, aplicar un régimen de reinserción y disciplina interno, acelerar los procesos judiciales y abogar por condenas alternativas.

En el marco de las actividades del Parlatino que tuvieron lugar del 22 al 24 de junio, los miembros de esta Comisión destacaron en su declaratoria final que se pedirá al vicepresidente por México ante este organismo, información y opiniones a cerca del caso Casitas del Sur.

En este sentido, acordaron informar a los denunciantes de este caso que se ha comenzado el proceso de tratamiento de la denuncia.

Por otra parte, también indicaron que se recibió, por parte del vicepresidente por México, copia del documento con la situación jurídica del caso Bradley Roland Will.

Por ello, señalaron que este asunto se haya en proceso en el cuarto penal del centro en Oaxaca, por lo cual se aprobó darle seguimiento.

Otro de los temas que la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias abordó fue el relativo a la incidencia de los medios de comunicación en la construcción o destrucción de valores.

Al respecto, el diputado por Costa Rica y presidente de la Comisión, Óscar Alfaro Zamora, se pronunció a favor de construir una ley marco y políticas públicas que fomenten la divulgación de valores entre la sociedad.

Enfatizó que el tema de la comunicación e información permite fortalecer los valores natos al ser humano, pero “así como los medios tienen sus instrumentos de facilitación para formar a los ciudadanos también tienen de manipulación y distorsión”.

Lamentablemente, agregó, dicen por ahí que las buenas noticias no son noticia pero en el caso nuestro debemos procurar fomentar políticas públicas y también una ley marco, hasta donde sea posible, que permitan la construcción de valores.

En tanto, el diputado uruguayo Roque Arregui propuso realizar reuniones conjuntas y periódicas entre representantes del gobierno y de la oposición con los medios de comunicación, a fin de lograr estrategias que permitan la construcción de valores.

Por ello, consideró necesario premiar y estimular a programas o espacios en los medios que contribuyan significativamente a la construcción de valores en la sociedad.

Se debe educar y formar a las nuevas generaciones en el contacto con los medios de comunicación, a fin de generar una postura reflexiva y crítica, ya que no se trata de elegir un medio u otro sino de poner en cuestión permanente los contenidos del sistema, agregó.

A su vez, el diputado de Venezuela, Roy Alberto Daza aseguró que existe un problema en la actuación de los medios en la formación de valores, “especialmente a los que se refieren a la cultura de la democracia”.

Los medios de comunicación --refirió-- actúan en su gran mayoría en dirección opuesta a los valores de la democracia.

Debido a ello, planteó la construcción de un consenso político que permita llegar a una ley marco que aborde este tema, por lo que se debe estudiar una disposición de carácter legal.

Por su parte, el diputado chileno Ricardo Rincón manifestó que se debe salvaguardar el derecho a la información ante las nuevas tecnologías.

“No puede la nueva tecnología, las nuevas normas y procesos de concesión y licitación terminar generando posibilidades de televisión: una para los que tienen recursos para pagar canales de pago y otra para los que no pueden y por lo tanto se quedan con lo que la televisión abierta pueda generar”, enfatizó.

Puntualizó que la televisión debería tener una orientación mínima que garantice contenidos educativos, programas culturales y “no pura basura”.

En la jornada de trabajos que tuvo la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, también se abordaron temas referentes a la alfabetización digital de los niños y adolescentes, la inclusión social en temas de discapacidad, el derecho a un medio ambiente sano, entre otros.

Además, los legisladores latinoamericanos acordaron dar continuidad a dichos temas en sus próximas reuniones, a fin de lograr la construcción de leyes marco que sirvan de referencia para los países de la región.


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