Los secretarios de Economía, del Trabajo, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales; y los directores de la Comisión Federal de Electricidad y del Instituto Mexicano del Seguro Social explicaron lo relativo a las concesiones mineras otorgadas y las condiciones en materia de seguridad e higiene que existen en el sector.
También expusieron las acciones realizadas en la supervisión de minas, los cambios y medidas adoptadas a partir de la tragedia de Pasta de Conchos y relataron las causas de los lamentables acontecimientos.
El su intervención, titular de Economía, Bruno Ferrari, presentó a un decálogo de acciones para mejorar las condiciones de trabajo y la regulación de la minería.
Solicitó el apoyo de senadores y diputados para elevar los ingresos públicos por el aprovechamiento de recursos minerales, a fin de que parte de ellos se destinen a labores de verificación.
El funcionario sugirió que se incorpore una evaluación de utilidad pública y beneficio a la nación para otorgar concesiones mineras y se incluya en la ley el requisito de contar con un plan de recuperación ambiental y un fondo para instrumentarlo al concluir la exploración y explotación.
Planteó una reforma a la legislación a fin de crear una figura más expedita de actos inminentes en el propio sitio de la mina para garantizar la seguridad de los trabajadores, y obligar a los concesionarios a registrar los contratos privados en los que ceden algún derecho de exploración o explotación a otro particular.
Aseguró que la Secretaría de Economía trabaja “en apego a derecho” para otorgar las concesiones mineras y verificar que se cumpla el marco normativo que regula el sector.
Aseguró que en conjunto con la Secretaría del Trabajo y otras autoridades “realizaremos 100 visitas en la zona carbonífera de Coahuila en lo que resta de este año y se verificarán “cerca de la mitad” de las concesiones vigentes.
Además, dijo que no “hay evidencias de minas clandestinas en la región carbonífera de Coahuila”.
A la fecha, agregó, se han otorgado 26 mil siete concesiones vigentes que abarcan una superficie de 27.1 millones de hectáreas y representan el 13.8 por ciento del territorio nacional.
En materia de verificación, dijo, “hemos llevado a cabo un número récord de visitas por parte de la Coordinación General de Minería y tenemos la meta de lograr más de 300 en los que resta del año y así llegar a un total de 500”.
Por su parte el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, insistió en la necesidad de aprobar la reforma laboral, a fin de obligar a los empresarios a garantizar seguridad e higiene en los centros de trabajo, así como prevenir accidentes, responsabilizarlos de los mismos y pagar las indemnizaciones correspondientes.
Señaló que, en el caso de la minería, dicha reforma plantea que los inspectores puedan clausurar un centro de trabajo ante un peligro inminente desde la primera visita y que las empresas de alto riesgo estén obligadas a contar con unidades de verificación propias.
Además, propone incrementar las sanciones económicas, pues la legislación vigente establece una pena máxima de 315 veces el salario mínimo --poco más de 18 mil pesos-- y “a este tipo de empresario le sale mucho más barato pagar la multa que cumplir con la ley”.
“Necesitamos --subrayó-- aumentar las sanciones hasta cinco mil veces el salario mínimo --cerca de 300 mil pesos-- y que se puedan, incluso, multiplicar por el número de trabajadores afectados por una violación a la ley”.
Recordó que en Sabinas se observaron 95 violaciones a la normatividad laboral, por lo que se restringió y ordenó la suspensión definitiva de obras y trabajos e inició el procedimiento para cancelar las 353 hectáreas que comprende la concesión.
“A este tipo de empresarios --enfatizó-- no les importa en los más mínimo cumplir con ley”, pues no contaban, entre otros requerimientos, con un plan de atención de emergencias ni sistema de alarma audible ni equipo de protección personal.
Lozano Alarcón aseveró que la minería es la actividad de más alto riesgo, aunque en los últimos 10 años la tasa de accidentes y enfermedades de trabajo en el sector se redujo 40 por ciento y los índices de defunciones bajaron 24 por ciento.
En este lapso, aseguró, se han registrado más de 38 mil accidentes de trabajo y enfermedades, así como 340 decesos.
Tan sólo en 2010, agregó, la industria de la construcción reportó 216 percances fatales contra 340 casos en una década de actividades mineras.
A su vez, José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Energía, aseguró que ya se cuenta con un elemento científico que permite distinguir el gas grisú de otro que está vinculado con hidrocarburos, por lo que hay espacio para modernizar la norma e incluir una definición que permita con más certeza su explotación.
Sin embargo, dijo que en el caso del pocito, la calidad del gas grisú que se generaba, ni la escala de éste, permitían su explotación.
Subrayó que la concentración del gas rebasaba la Norma 032, ya que la mina no observaba los mínimos de seguridad, como espacios de ventilación para reducir la concentración de gas grisú por debajo de los límites que hubiesen implicado un riesgo.
Por ello, indicó que se está trabajando para dotar la explotación de este tipo de gas de un régimen fiscal, ya que es un reto “normativo fundamental” distinguirlo del gas vinculado con hidrocarburos.
En este sentido, explicó que la Ley de Minería permite como uno de los usos factibles de la explotación del gas grisú, que éste le sea vendido a Pemex para que lo inyecte en sus ductos y complemente así la oferta de gas del país.
Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que la empresa vinculada con el accidente en Sabinas presenta un incumplimiento en el marco ambiental por no haber notificado el inicio de actividades.
En consecuencia, agregó, “no se pudo hacer la evaluación del rompimiento en el cumplimiento de términos de condicionantes”.
Por ello, señaló que es necesario unificar la legislación, a efecto de dar más certeza a los productores, empresarios, trabajadores, al medio ambiente, a la sociedad y a el país en general.
Antonio Vivanco Casamadrid, director de la Comisión Federal de Electricidad, expuso que el pasado 26 de mayo se firmó un convenio con la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, a fin de tener la certeza de que los pequeños y medianos explotadores de carbón cumplan con la normatividad vigente en la materia.
Dijo que derivado de la tragedia “hemos tenido una agenda activa en las últimas semanas, tanto en reuniones con las dos principales uniones de trabajadores de la industria minera en el estado como con funcionarios federales y estatales”.
Añadió que la CFE cuenta con dos centrales carboeléctricas en el noroeste de Coahuila, que en su conjunto generan dos mil 600 megawatts.
“El hecho de tener esta presencia ahí en el estado nos genera que tengamos relaciones comerciales y de fomento económico en la región”, puntualizó.
Por último, Daniel Karam Toumeh, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que la empresa minera se dio de alta ante el IMSS el 24 de marzo de este año y tenía registrados 25 trabajadores de los cuales ocho no estaban dentro del marco de la ley.
Refirió que ante esta situación la dependencia a su cargo ha tomado medidas orientadas a restituir los derechos de los trabajadores “estén o no registrados en el Seguro Social”.
En este sentido, externó que ya se han hecho todos los trámites para asegurar una pensión a las viudas y los hijos de los trabajadores que fallecieron, y ya se han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales por la violación expresa a la Ley del Seguro Social.
Con respecto al caso del menor de edad que trabajaba en la mina, dijo que en las próximas semanas se le colocará una prótesis y el Seguro Social hará un seguimiento médico “muy cercano”.
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