Comunicado-513

• La actualización del presupuesto base y la posibilidad de disminuir la oferta presentada el beneficio del crédito ofrecido por el Eximbank de la República Popular de China, fueron aspectos importantes para emitir el fallo a favor del consorcio chino.
• Legisladores del PAN y PRD denuncian públicamente adjudicaciones relacionadas con el Presidente de la República.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, detalló en reunión de trabajo con senadores de la comisión en la materia, los detalles de la adjudicación de la licitación del tren rápido México-Querétaro al consorcio integrado por las empresas: China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA.
Subrayó que el registro del proyecto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un valor de 43 mil 580 millones de pesos, en abril, se actualizará a la firma del contrato, considerando el tipo de cambio vigente el día de la oferta, así como la inflación e incorporando el costo del proyecto ejecutivo.
La oferta presentada por el consorcio, por un monto de 49 mil 991 millones de pesos, dijo, incluye IVA, más el costo del proyecto ejecutivo y la entrega del tren totalmente operando. Además, por separado un costo de siete mil 724 millones de pesos más IVA, que considera cinco años de operación por parte de las empresas francesas, que serán sufragados con los ingresos de la propia tarifa del tren.
Precisó que la actualización del presupuesto base y la posibilidad de disminuir de la oferta presentada el beneficio del crédito ofrecido por el Eximbank de la República Popular de China, fueron aspectos importantes para emitir el fallo a favor del consorcio chino, como propuesta solvente técnica y económicamente.
La oferta del consorcio considera el financiamiento del Eximbank de la República de China por el 85 por ciento del monto del contrato, bajo un plazo de 20 años, 2.5 años de gracia y una tasa de interés fija de 3.22 por ciento, que es inferior a la tasa promedio a la que contrata el gobierno federal.

Aseguró que las condiciones descritas representan para el gobierno federal un ahorro de dos mil 767 millones de pesos, según datos de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el compromiso para formar especialistas en operación y mantenimiento de trenes de alta velocidad.
Adicionalmente, el funcionario federal indicó que el fallo de la licitación fue revisado en los aspectos técnicos, económicos y legales, por el organismo público centralizado del gobierno español denominado INECO, Ingeniería y Economía del Transporte, en razón de un convenio de colaboración firmado con el presidente Rajoy y el Presidente Peña, por la experiencia de España en estos trenes.
El senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, apuntó que la exposición del Secretario Ruiz Esparza no convenció a los senadores y advirtió que se le dará seguimiento puntual al caso.
En la ronda de preguntas, el senador Víctor Hermosillo y Celada, del PAN, cuestionó el aforo, costo y tiempo de construcción del tren de alta velocidad.
De Acción Nacional, el senador Javier Corral Jurado cuestionó la prisa con que se dio el desarrollo del proyecto del tren de alta velocidad, ¿si es una prisa electoral, presupuestal, un componente político o que no se conoce el artículo 134 de la Constitución en términos de los valores que deben cuidarse en materia de ejercicio de recursos públicos a partir de licitaciones?
Agregó que el proyecto que resultará 27 por ciento más caro de lo presupuestado, con un costo de 50 mil 820 millones de pesos, y recalcó que a la ominosa licitación del tren, se le suman las cuestionables adjudicaciones del actual administración a empresas allegadas al PRI y al Presidente de la República y que el último día para recibir ofertas desertaron 16 empresas declinando su participación, señalamiento en el que coincidió con la senadora Marcel Torres Peimbert, del mismo grupo parlamentario.
Apuntó que se modificó el monto casi 10 millones de pesos por encima de lo establecido, cantidad correspondiente a la mitad del presupuesto de un año de su estado, Querétaro.
La senadora del PRD, Iris Vianey Mendoza Mendoza, manifestó sus inquietudes en diversos aspectos, como el dumping que practica China, respecto de su forma de trabajar y de sus gobiernos en la izquierda. Asimismo, reflexionó acerca de la reforma a la Ley de Obras Públicas, presentada por el Ejecutivo federal recientemente.
El senador del PRI, Omar Fayad Meneses precisó que las empresas mexicanas han trabajado con diferentes gobiernos tanto federales como estatales, pero que ahora se señalan por suponer complicidades con el actual gobierno. No veo un proyecto amañado si se atiende la ley, explicó y subrayó que una cosa son las especulaciones de cada quien y otra los términos de la ley.
La senadora Claudia Pavlovich Arellano y el senador Fayad Meneses coincidieron al cuestionar si alguna empresa se inconformó legalmente sobre el procedimiento de la licitación.
El senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, refirió que con el hecho de conocer los nombres de los dueños de las empresas que se asocian con la empresa ganadora de la licitación, se generan suspicacias y señaló que el pueblo está cansado de la corrupción e impunidad.
Del PAN, el senador Daniel Ávila Ruiz advirtió que su grupo parlamentario solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría a todo el proceso de licitación y construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro, tras señalar que los 50 mil millones de pesos que el gobierno federal piensa invertir en dicha construcción son recursos de todos los mexicanos, por lo que debe garantizarse total transparencia.
El senador del Partido Verde Ecologista, Gerardo Flores Ramírez, manifestó que es un gran esfuerzo de dotación de infraestructura para el país, pues se incrementarán los activos para un funcionamiento mejor y para que las empresas produzcan con menores costos en el largo plazo.
El senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del PAN, preguntó ¿cuántas de las tres mil 600 licitaciones emitidas por el gobierno federal, han resultado desiertas?
Por su parte, la senadora Pilar Ortega Martínez, del PAN cuestionó si es legal que haya participado una sola empresa en la licitación.
Finalmente, el senador Manuel Manuel Bartlett, del PT, preguntó cuánto dinero se va a invertir en más de cuatro mil obras anunciadas por el gobierno y de dónde vendrán esos recursos.
En sus respuestas, el secretario Ruiz Esparza destacó que el aforo es de 27 mil pasajeros diarios, el costo del boleto pronosticado al día de hoy es de 240 pesos. No es subsidiada la operación, pero todos los proyectos de trenes llevan una aportación importante del gobierno federal del país en que se hace, aclaró y manifestó que lo más conveniente es que sea una operación autofinanciable, porque al momento de financiarse empieza a perder calidad el servicio y el tiempo de construcción tres años y medio.
Además, indicó que cerca de 83 empresas compraron las bases, pero al final se presentan muy pocas. Cinco si podían hacer una oferta, dos de ellas Alstom en el caso del tren de Guadalajara, que participó consorciada con OHL en un porcentaje de 80-20, fue la más favorable y fue revisada por una empresa española de clase internacional. Alstom también participa en el tren México-Toluca con una oferta bastante buena, añadió.
La otra empresa, CAF que ganó la licitación de la línea tres del metro de Monterrey, también presentó una oferta muy buena en el caso del tren México-Toluca, y la otra empresa que se disculpó fue Siemens que pedía 240 días más, situación que no avanzó porque con anterioridad se había platicado con las empresas en las que se les dio información técnica detallada del proyecto.
Recalcó que no desertaron 16 empresas, solo se presentaron cinco, y no era posible ampliar el plazo porque se pondría en peligro el proyecto. Asimismo, manifestó que todos los fallos son públicos y se encuentran en la página web de la Secretaría.
Agregó que hoy se tienen más de 800 empresas adjudicadas. El 60 por ciento de los recursos de la dependencia o más está aplicado a empresas mexicanas, y más de 70 por ciento de los dos mil 440 municipios del país tienen obra de la secretaría.
Ruiz Esparza advirtió que nadie es su amigo y aclaró que el Presidente no lleva a cabo los procesos de licitaciones. No es un tema de amistades, es un tema de negocios, especificó. La primera exigencia sobre la Secretaría que ustedes deben hacer, dijo, es el ejercicio oportuno del presupuesto.
Destacó que los recursos fueron asignados antes, porque así se autoriza el presupuesto por la Cámara de Diputados, se hicieron los estudios que marca la Ley para que se pueda licitar y se cumplió plenamente con la legalidad.
Sobre el costo, dijo que la situación es excepcional. En el estudio de mercado que se hizo de acuerdo a la facilidad de los proyectos, el costo era de entre 10 y 70 millones de euros por kilómetro y en este caso estamos a 12.07 euros por kilómetro, es el más económico y se puede comparar con otros, señaló.
Respecto a la reforma a la Ley de Obras Públicas dijo su propósito es contar con un presupuesto y un proyecto, en el que se contemple el ciclo de vida de la obra, el mantenimiento y no tiene nada que ver con el proyecto.
Asimismo, precisó que nadie se inconformó, al contrario, se tienen cartas de conformidad de tres de los principales oferentes y que participan en otras licitaciones. Las empresas tienen más de 20 o 30 años trabajando con todos los principales signos políticos, gobierno federal, estatal y municipal.
El secretario de Comunicaciones y Transportes también precisó que adjudicar directamente una obra está de acuerdo con la Ley.
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