Comunicado-167
- Durante comparecencia de Rosario Robles, PRI y PVEM respaldan cambios a la política social.
- PAN advierte uso electoral de programas; PRD considera necesario incrementar salario mínimo para generar bienestar.
Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Nueva Alianza cuestionaron a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, sobre el nuevo programa Prospera y las diversas acciones del gobierno federal para combatir la pobreza.
La funcionaria compareció este martes ante el pleno del Senado de la República, a fin de abordar la política social, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, los senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Raúl Aarón Pozos Lanz destacaron que desde el inicio de esta administración se ha impulsado una política de nueva generación para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y la transformación del país.
Ríos de la Mora señaló que los problemas que existen en esta materia “tienen que ver con políticas públicas mal implementadas a lo largo de la historia”.
Su compañero de bancada, Alejandro Tello Cristerna respaldó la gestión de Robles Berlanga y confió en que el éxito de las medidas de blindaje para no poner en riesgo la operación de los nuevos programas, tendrán un impacto en la calidad de vida de los mexicanos.
El senador René Juárez Cisneros, del PRI, aseguró que el programa Prospera no es una ocurrencia, un capricho, un simple cambio de nombre, no es demagógico o irresponsable, mucho menos electorero.
Por el grupo parlamentario de Acción nacional, la senadora Adriana Dávila Fernández señaló que muchos delegados utilizan los programas sociales con fines electorales, por lo que preguntó ¿cómo se detectará a estos funcionarios y cómo se van a desmontar las estructuras vinculadas a partidos políticos?
Dijo que son insuficientes los mecanismos para evitar la desviación de recursos, pero, es más indignante la falta de voluntad de los distintos órdenes de gobierno para dar información sobre su ejercicio y resultados.
El también senador del PAN, Daniel Ávila Ruiz, cuestionó las cifras relacionadas con la Cruzada Nacional contra el Hambre que dio a conocer la funcionaria, ya que éstas, consideró, no son tangibles y se sospecha que este programa es utilizado electoralmente.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD, estimó que la mejor política social para generar bienestar en la población es incrementar el salario mínimo de los trabajadores, ya que esta medida sería un impulso para mejorar la alimentación y salud de las familias.
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, expuso, del 2010 a 2014 hay una fuerte caída del poder adquisitivo del ingreso laboral y el deterioro de los salarios ha llevado a que hoy se compre 11.9 por ciento menos productos de la canasta básica.
En su turno, el senador Sofío Ramírez Hernández, del PRD, inquirió sobre la manera en que Prospera impulsará la inclusión financiera, toda vez que en muchos casos las familias que atiende no cuentan con un ingreso.
En tanto, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, respaldó los resultados de la SEDESOL para ampliar y consolidar los beneficios sociales en los segmentos más necesitados de la población, en particular, de adultos mayores y jefas de familia.
El legislador cuestionó si existen estrategias complementarias a los programas existentes, a fin de garantizar la seguridad social de la población con alta vulnerabilidad de las distintas comunidades y regiones del país.
Por el grupo parlamentario del PT, el senador David Monreal Ávila comentó que según datos de la UNAM, en los últimos 42 años el gasto gubernamental para combate a la pobreza se incrementó en 96 por ciento, lo que significa que se han invertido 36 millones 366 mil pesos en cada persona en situación de pobreza si se acumularan dichos años.
Sin embargo, dijo, la situación no ha cambiado y se prevé que el gasto social siga creciendo, por lo que preguntó por qué los mexicanos deben creer que ahora sí Prospera y la cruzada contra el hambre serán exitosos y cómo hará frente SEDESOL, ante el bajo crecimiento económico y el aumento en el precio de combustibles, para reducir los niveles de pobreza.
La senadora Mónica Arriola Gordillo afirmó que en tres décadas no ha habido una sola política de Estado que haya podido revertir la situación de pobreza en que vive más del 50 por ciento de la población y que este gobierno, como todos sus antecesores, rompió records en gastos para su combate: más de 747 mil millones de pesos en dos años, sin lograr hasta el momento un cambio estructural.
La legisladora de Nueva Alianza mostró su confianza porque Prospera no represente sólo un cambio de nombre y preguntó a la funcionaria sobre los motivos por los que en el proyecto de presupuesto de egresos 2015, se refleja una disminución del 2.24 por ciento en los subsidios y un incremento del 58.34 por ciento en los recursos designados como gasto de operación para dicho programa.
En sus respuestas, Robles Berlanga mencionó que ya hay dos funcionarios destituidos por haber participado en proselitismo electoral y que se han dado instrucciones para llevar a cabo una absoluta transparencia y pleno trabajo institucional.
Mencionó que se está capacitando a los funcionarios públicos de SEDESOL, para evitar cualquier malinterpretación o uso indebido de los programas sociales en procesos electorales locales, y aseguró que quien actué fuera de lo que establece la norma será sancionado, no solamente por los órganos competentes, sino por la propia Secretaría.
Indicó que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) será el encargado de realizar diversas evaluaciones sobre el progreso y evolución de la Cruzada, lo que va a permitir tener una certeza de sus resultados y a la vez se elimine cualquier tinte electoral.
Negó que integrar a más municipios a este programa sea “electorero”, sino que se trata de justicia social y del ejercicio de un derecho básico consagrado en la Constitución, que es la alimentación.
Explicó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no choca con el programa Prospera y que también será evaluado por el CONEVAL.
La encargada de la política social también mencionó que el gabinete México Incluyente, del cual forma parte la SEDESOL, está abierto a dar el debate sobre la propuesta de aumento al salario mínimo con criterios técnicos y con “mucha seriedad”, para establecer entre otros, que no se tome como una unidad de cuenta desde multas hasta créditos.
Robles Berlanga destacó la conveniencia de que la discusión sea ajena a consideraciones de carácter político, sin embargo, dijo, esta medida no va a resolver el problema de ingresos porque el salario mínimo lo recibe una pequeña parte de la población.
Aseguró que en dos años, las 6 millones 100 mil familias que forman parte de Prospera serán ya parte del proyecto de inclusión financiera con la banca de desarrollo. Precisó que esta modalidad permitirá que las mujeres pongan en marcha sus micro y pequeñas empresas, al tiempo que les dará acceso a esquemas de fomento al ahorro y de seguridad social.
Aclaró que México es el país de la OCDE que menos invierte en gasto social, pero es cierto que éste “ha venido creciendo de manera importante”, particularmente en transferencias monetarias, que funcionan como políticas de contención de la pobreza.
Empero, expresó, se requiere una estrategia que vaya más allá de la contención, y para ello se han sentado las bases para un crecimiento económico a través de las reformas estructurales, las cuales, reconoció, “no dan fruto en el corto plazo”.
Hizo notar que sin crecimiento económico no se puede incidir de manera frontal en la disminución de la pobreza y la desigualdad.
Para la funcionaria, con la reforma fiscal y al no proponer IVA en alimentos y medicinas, el Presidente de la República protegió a 53 millones de mexicanos y permitió que 14 millones no cayeran por debajo de la línea de pobreza, pues se hubiera deteriorado su capacidad adquisitiva.
Reconoció que no obstante el incremento de los recursos para combatir la pobreza, este problema “se mantiene igual”; por ello, aseguró, se replanteó el rediseño de los programas sociales, en primer lugar, para romper el mito de que las personas que se encuentran en esta condición sólo pueden vivir de subsidios.
La funcionaria explicó que los cambios a la política social son de fondo y significan un reto y un desafío, además de que no serán fácil de instrumentar.
Aceptó que no darán resultados “el día de mañana o pasado mañana”, sino que se trata de una construcción en el mediano y largo plazo, pero estamos convencidos que al final del sexenio, el legado del presidente Enrique Peña Nieto será menos pobreza y menos desigualdad en el país.
Dijo que Prospera no tiene una reducción en su presupuesto porque está contemplado en los ramos 20 y al que corresponde a la educación y es de los pocos programas que tiene un límite muy bajo de gastos de operación para que la mayor cantidad de sus recursos se destinen a la gente que lo necesita.
El senador René Juárez Cisneros reconoció el trabajo implementado en la Secretaría de Desarrollo Social, al considerar que la transformación del programa Oportunidades a Prospera cubrirá las insuficiencias que presentaba dicho programa. Prospera, dijo, posibilita el desarrollo de la condición de vida de las personas.
Indicó que México va de acuerdo a las políticas sociales que se están desarrollando toda vez que dejan de ser asistencialistas para convertirse en políticas de desarrollo, en donde el Estado tiene la obligación de abrir espacios para estimular la mejora continua de las condiciones de bienestar de la población.
La secretaria Robles Berlanga reiteró la disposición de diálogo e intercambio de visiones y opiniones con el Senado a fin de que la población, en especial la que carece de recursos y bajos niveles de bienestar sean los beneficiados de las modificaciones en los programas que implemente el gobierno federal.
Finalmente, señaló que si bien las políticas no darán resultados “de la noche a la mañana” se dan acciones significativas para consolidar un nuevo modelo en política social, para ello México requiere superar el asistencialismo y romper la idea de que los pobres no pueden ser productivos.
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