Comunicado-129

• PRD Y PRI advierten sobre el riesgo de desestabilización social.
• PAN afirma que se ha actuado con apego a la ley.

El Senado de la República solicitó al Gobierno de Sonora la liberación inmediata del dirigente de la tribu yaqui, Mario Luna Romero, así como se instale una mesa de diálogo a efecto de encontrar solución al conflicto sobre la construcción del Acueducto Independencia en esta comunidad en la que se garantice el respeto pleno de los derechos humanos.
La petición se realizó derivada del punto de acuerdo aprobado por mayoría de senadores del PRD, PRI y PVEM, con el voto en contra del PAN, en el que también se pide al gobernador de Sonora se detenga de inmediato la escalada represiva en contra de las y los representantes de la tribu yaqui.
La senadora Dolores Padierna Luna expuso que el vocero de dicha tribu Luna Romero fue detenido el 11 de septiembre a las 11:40 de la mañana tiempo del centro, por personas vestidas de civil en vehículos no oficiales, desconociéndose su paradero, haciéndose evidente la violación de sus derechos humanos.
La aprehensión fue confirmada por el procurador de justicia estatal Carlos Navarro Zurch, días y argumentó que obraba orden de detención por delitos de privación de la libertad agravada y robo de vehículos.
Ante las irregularidades, puntualizó la senadora del PRD, diversas organizaciones civiles exigieron su liberación inmediata y denunciaron la falsedad de los cargos, al argumentar que la detención de Mario Luna es parte de una estrategia de criminalización de la lucha yaqui en defensa del agua que les corresponde y porque rechazan la construcción del Acueducto Independencia para abastecer del vital líquido a la ciudad de Hermosillo.
Dicha aprehensión, puntualizó, se realizó tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 3 de diciembre de 2013, a favor de los yaquis y ordenó acciones precautorias a las autoridades federales sobre el acueducto.
En lo anterior coincidió el senador por el PRI Ernesto Gándara Camou, quien consideró que el desencuentro entre el gobierno sonorense y la tribu yaqui deriva de la falta de voluntad para reconocer los derechos y dignidad que se merece la comunidad.

Ha faltado, insistió, acuerdo a pesar de que el gobierno federal ha instado permanentemente una mesa de diálogo para encontrar soluciones de fondo, pero se ha preferido recurrir a la violencia y a la falta de transparencia.
En lo anterior coincidió el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, al afirmar que en Sonora se vive un clima de enrarecimiento y descomposición política, porque ha habido omisión ante problemas serios, como el caso de los derrames provocados por el Grupo México al río Sonora, además de que se ha actuado con abuso en el ejercicio de responsabilidades.
Precisó que los derechos de la tribu yaqui sobre las tierras y agua en el territorio en el que habita deriva de un decreto presidencial, por lo que si bien es cierto que debe atenderse el serio problema de la escasez en el suministro de agua, no se puede aceptar que se resuelva con actos unilaterales que violan la ley y hacen caso omiso de las decisiones de la SCJN.
La senadora Claudia Pablovich Arellano, del PRI, consideró que la detención de Luna Romero da muestras de la judicialización de la política en Sonora, de un ejercicio de gobierno sin diálogo público ni consenso, por lo que se pasan por alto las garantías individuales.
Refrendó la postura a favor de que establezcan mecanismos para abastecer de agua a Hermosillo, pero esto debe lograrse a partir de la voluntad gubernamental de concretar consenso y diálogo con la población.
En representación del PAN, el senador Héctor Larios Córdova, pidió que no se politice el tema, al tiempo de aseverar que la detención de Luna Romero fue con apego a la ley, e incluso existen videos que están investigándose, respecto de las ordenes de aprehensión que se han realizado en su contra, por lo que será la autoridad judicial quien decida con fundamento en las pruebas, si concede o no el auto de sujeción a proceso.
Refirió que existe una vieja pugna entre los integrantes del pueblo yaqui y un grupo de agricultores de Obregón, pero que en todo caso habrá de cumplirse la resolución de la Suprema Corte que ordena a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizar una consulta a los pueblos yaqui para que se manifiesten sobre el tema del acueducto.
La senadora Ana Gabriela Guevara, del PT, aclaró que la postura del Senado es que el gobierno de Sonora actúe siempre con apego a la legalidad, nunca se ha sugerido lo contrario, pero en Sonora se ha visto morosidad y renuencia en este caso, lo que ha provocado un punto de tensión altamente preocupante para la convivencia pacífica de los sonorenses.
No es un tema de a quién le toca más agua o no, acotó, es un tema de gobernabilidad y pacificación al refrendar el exhorto al gobernador para no polarizar, pues ante graves problemas como la contaminación del río Sonora, se necesita unidad y respeto a los sonorenses y a la tribu yaqui.
El senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, del PAN, señaló que existe un interés electoral en las acusaciones al gobierno estatal, pues mediante un proyecto hídrico pudo dotar de agua a toda la entidad, al afirmar que siempre se ha buscado constantemente un acercamiento con los líderes de la tribu yaqui que se niegan al progreso de la localidad.
En lo anterior coincidió la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, quien consideró que la defensa de los derechos humanos debe realizarse también en otros estados, como en Michoacán donde se persigue a luchadores sociales.

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