• Ocupación de tierras dejará en indefinición a propietarios originarios: senador Sánchez Jiménez.
• Modelo energético impactará de manera positiva en el bolsillo de mexicanos: senador Cabeza de Vaca.

Durante el debate en lo particular de los proyectos de decreto en materia energética remitidos al Senado de la República, legisladores argumentaron a favor y en contra el tema Uso y ocupación temporal de las tierras.

Al fundamentar las reservas a los artículos 101 y 102 de la Ley de Hidrocarburos, y los artículos 71, 73, 74, 82 y 87 del proyecto de la ley de la Industria Eléctrica, el senador Luis Sánchez Jiménez, del PRD, expuso que la ocupación de tierras por utilidad pública en el sentido del dictamen, afectan y dejan en la indefinición a los propietarios originarios de la tenencia de la tierra.

Aseguró que se prioriza a los consorcios dedicados a la industria energética para apropiarse de tierras, subsuelo y suelo por causa de utilidad pública, mientras se quita a las comunidades agrarias y urbanas la garantía constitucional de sus propiedades.

El senador Fernando Mayans Canabal, del PRD, consideró que es un engaño para los dueños de tierras el cambio de la palabra expropiación por uso temporal, pues no se establece un tiempo límite en el que las empresas trasnacionales harán uso de las tierras para exploración, extracción y explotación de hidrocarburos.

El senador Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, señaló que los cambios a la Ley de Hidrocarburos darán mayor certeza jurídica y justicia social a los contratos de uso y ocupación superficial al otorgar mayores beneficios a propietarios y titulares de terrenos, ejidos y comunidades. Destacó que el modelo energético impactará de manera positiva en el bolsillo de mexicanos, campesinos, ganaderos y grupos indígenas en donde se encuentren los yacimientos.

Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, consideró que la ocupación temporal es un despojo legalizado, y por ello subrayó la necesidad de que sea obligatorio la presencia de testigos sociales en las negociaciones para evitar los abusos.

El senador del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas, explicó que la propiedad privada es un derecho constitucional que le otorga al propietario el uso y goce de la tierra, por lo que éste principio no se conculca con la reforma. Manifestó que el uso, goce y contraprestación que se pague deberá estar acorde, entre otros aspectos, al pago por daños y perjuicios, y renta de la tierra.

En su turno, el senador del PT David Monreal Ávila consideró que de aprobarse el dictamen en sus términos, se concederá a los capitales extranjeros privados desfondar a Pemex y CFE, y con ello se dañará la hacienda pública, el Estado mexicano quedará vulnerable y no se distribuirá la riqueza entre los mexicanos.

En contra del dictamen, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, dijo que la reforma tiene vicios de inconstitucionalidad porque contraviene las disposiciones de los artículos 27 y 28 de la Constitución, que señalan que la figura de la expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización que pueda establecer el Estado, debe sujetarse al beneficio social y aprovechamiento de recursos naturales, mediante una distribución equitativa de la riqueza.

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