Comunicado-1464
  • Se deja en segundo plano el desarrollo e inversiones de largo plazo

altEl grupo parlamentario del PRD, en voz del senador Armando Ríos Piter, advirtió que en las reformas fiscales en materia energética se da “manga ancha” a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el uso de los recursos provenientes de la exploración, explotación y extracción de hidrocarburos, lo que deja de lado la participación del Poder Legislativo y severa discrecionalidad del capital.

Al fijar la posición de su bancada, el senador indicó que los dictámenes que expiden las leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo, y que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda pública, presentan contradicciones de los beneficios que se pretender dar a conocer y lo que establecen los dictámenes.

Se prioriza que las transferencias del Fondo Mexicano tengan como prioridad la estabilidad de los ingresos del sector público, por lo que las finanzas públicas seguirán “petrolizadas”; se deja en segundo plano el desarrollo e inversiones de largo plazo, así como la transición hacia el desarrollo en ciencia y tecnología, señaló el senador perredista.

Respecto el manejo de recursos por contratos de licencia, de utilidad compartida y de producción compartida, señaló que la Secretaria de Hacienda y el Fondo Mexicano del Petróleo, de manera discrecional y sin contrapesos, podrán definir hacia dónde van los ingresos con una participación marginal del Poder Legislativo, a quien le corresponde definir el uso de los ingresos.

Afirmó que el caso de la empresa Oceanografía es un botón de muestra de la forma en la que los contratistas y las decisiones se han tomado en esa empresa durante décadas. Sería equivocado que una deuda se quiera cargar a la población debido al manejo corrupto y equivocado de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El senador Ríos Piter consideró que se debe establecer un mecanismo claro y legal que permita la supervisión sobre los pasivos ante la falta de transparencia del nuevo marco de las fianzas del sector, además de establecer instrumentos que le permitan reinvertir en su infraestructura.

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