Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, José Manuel Domínguez Camacho y Gabriela Ríos Granados, propuestos por el presidente de la República como aspirantes a la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PDC) comparecieron este lunes ante senadores.
Al fijar la posición de Acción Nacional sobre el tema, el senador Fernando Elizondo Barragán mencionó que dentro de los servicios de administración tributaria hay incentivos fuertes para los funcionarios encargados de emitir liquidaciones para concluir créditos.
Lo anterior, explicó, genera litigios que significan costos económicos en tiempo y en esfuerzo muy elevados para la ciudadanía común, por lo que cuestionó sobre cómo disminuirían dichos problemas.
Por su parte, el también panista Javier Castelo señaló que la constitución y labor de la Procuraduría es una tarea relevante por la gran cantidad de contribuyentes que hay en México.
Indicó que es necesario inculcar la cultura tributaria desde la niñez y establecer reglas que castiguen a los que incurran en prácticas evasivas en sus obligaciones fiscales
A su vez, la senadora priista María de los Ángeles Moreno Uriegas señaló que es relevante la instauración de un entidad, como la PDC, que imparta justicia tributaria con completa autonomía e imparcialidad con el único objetivo de defender los intereses de los contribuyentes.
A nombre del PRD el senador Tomás Torres consideró importante la existencia de la Procuraduría, cuya estructura debe ampliarse en todo el país y reivindicar la autoridad, prestigio y la utilidad social de todas sus manifestaciones.
Además, destacó la necesidad de conocer los montos, criterios de importancia y trascendencia vinculados a los elementos de cada tributo en asuntos donde la Procuraduría pudiera ir en litigio.
El senador por Zacatecas cuestionó la capacidad de respuesta de la Procuraduría, considerando la gran cantidad de contribuyentes formales, además de la incorporación a la economía de quienes laboran en la informalidad.
En su turno, el senador por Convergencia, Dante Delgado, expuso su preocupación porque la creación de este tipo de instituciones también genera grandes burocracias.
Dijo que la Procuraduría debe tener cuidado en el alcance y la promoción de sus programas para no llevarla más allá de la defensa del tributario y concentrarse en primer lugar en su afianzamiento.
Al presentar su plan de trabajo, la licenciada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, apuntó que las funciones fundamentales del organismo serán garantizar el derecho de los contribuyentes, impartir justicia en materia fiscal a través de su asesoría, representación, defensa y recepción de quejas.
Externó que las importantes y novedosas facultades con las que cuenta la PDC la convierten en el observador ético e interlocutor imparcial que necesita un sistema fiscal fuerte y moderno.
Sin embargo, apuntó que es preciso identificar los problemas sistémicos de los contribuyentes y así mejorar la relación jurídico tributaria entre éstos y la administración.
Otro de los aspirantes, José Miguel Domínguez Camacho, consideró importante promover la participación de diversos actores para que los ciudadanos se asuman como sujetos de derechos y obligaciones haciéndoles comprender que practicarlos es una forma de ejercer libertad.
Declaró que es necesario implementar un programa de comunicación para difundir los derechos de los contribuyentes mediante alianzas con instituciones de educación superior y cámaras empresariales.
Hizo hincapié en que el desarrollo de los elementos electrónicos estará enfocado en recibir, de manera oportuna y eficaz, quejas, sugerencias y reclamos de los contribuyentes.
A su vez, Gabriela Ríos Granados, académica y consultora en materia fiscal, precisó que el procurador deberá tener vocación para conciliar entre la autoridad fiscal y el contribuyente; ser autónomo, institucional y personal para impulsar la cultura tributaria, los derechos, obligaciones y empoderamiento del contribuyente.
Mencionó que la Procuraduría es un organismo público mixto y su finalidad es hacer equitativo el trato al contribuyente y más equilibrada la relación jurídica tributaria, sin olvidar la aplicación estricta de la ley, y velar en todos los casos por los intereses del contribuyente de menor capacidad.
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