• Garantizará ingresos fundamentales para el desarrollo nacional y seguridad energética de México, senadora Díaz Salazar.
En el tema de asignación de contratos, en el que se reservaron 32 artículos de la Ley de Hidrocarburos, los grupos parlamentarios del PRD y del PT afirmaron que el proceso de asignación de las áreas de explotación de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) debe pasar por el Congreso de la Unión para garantizar que se maximicen los intereses del Estado. En tanto, el PRI y el PVEM señalaron que el dictamen fortalece a la empresa del Estado, busca el desarrollo económico y la seguridad energética de nuestro país.
Al presentar las reservas sobre este eje temático por el grupo parlamentario del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna, subrayó que en sus presentes términos la “Ronda Cero” constituye el primer paso hacia la privatización, ya que se le asignarán a Pemex el 42 por ciento de las reservas de hidrocarburos y recursos prospectivos, mientras que el 58 por ciento restante quedarán en manos de particulares.
El Congreso debe reglamentar y aprobar la ronda antes de que se lleve a cabo, pues se trata de un proceso de asignación arbitrario y discrecional, que las leyes secundarias omiten regular y transparentar. En el caso de contratos de asociación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas, debe asegurarse que la paraestatal sea el accionista mayoritario en un 51 por ciento.
Respecto al reconocimiento y exploración superficial, en la que se determina la posible existencia de hidrocarburos en el subsuelo, señaló esta actividad que debe estar reservada para Pemex o, en su defecto, para el Instituto Mexicano del Petróleo, ya que recaba información propiedad de la nación y fundamental para la toma de decisiones.
En contra de la propuesta, el senador Gerardo Flores Ramírez consideró que con la Ronda Cero, Pemex saldrá más fortalecido que empresas como Petrobras y Ecopetrol, cuando Brasil y Colombia implementaron este mecanismo, respectivamente.
El legislador del PVEM enfatizó que es completamente falso que el andamiaje legal que se propone en la Ley de Hidrocarburos sea para desmantelar, limitar y extinguir a la paraestatal.
El senador Mario Delgado Carrillo, del PRD, aseguró que en la figura del contrato confluyen dos actores opuestos: las empresas que pretenden maximizar sus ganancias y el Estado que busca potenciar la renta petrolera. De esta manera, la maximización de los intereses de uno es a costa del otro; es decir, que las mayores ganancias para los privados implican una menor utilidad para el sector público.
La senadora Cristina Díaz Salazar, del PRI, se posicionó a favor de aprobar el dictamen en sus términos ya que la flexibilidad de contratación permitirá al Estado emprender proyectos en un número mayor de campos, lo que garantizará los ingresos fundamentales para el desarrollo nacional y la seguridad energética de México.
Por su parte, el senador del PRD, Zoé Robledo Aburto, consideró que los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos quedan limitados, porque no se incluye en la regulación la prohibición de contratos a empresas que no cuenten con experiencia, que hayan realizado actos de corrupción en otros países o incumplido sus compromisos ambientales.
En contra, el senador Enrique Burgos García, del PRI, expuso que la Ley de Hidrocarburos garantiza lo que la reforma constitucional en materia energética establece, toda vez que sólo autoriza la extracción de estos recursos por un periodo determinado, buscando en cada caso maximizar la renta petrolera y el interés nacional.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD, también pidió respaldar las reservas y calificó de “pantalla” a los argumentos de que se mejorará la funcionalidad de Pemex para que compita a nivel internacional, puesto que es imposible hablar de libertad contractual si no se precisa en qué medida se compartirán los riesgos. A esto, dijo, se le suma el riesgo de que las empresas privadas inflen costos.
Al fijar su postura en contra de las reservas, el senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury puntualizó que se transparentará la renta petrolera mediante la creación de un Consejo de Administración con siete miembros, de los cuales cuatro son independientes y tres del gobierno. De esta manera se busca que los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo sean para investigación, desarrollo, infraestructura y proyectos estratégicos.
En pro de las reservas, la senadora del PT, Layda Sansores San Román, refirió que aunque se ha dicho que los recursos son de la nación y que no se van a hipotecar, en el articulado se menciona que pertenecen al Estado mexicano, lo que comprende al gobierno. Esto, precisó, significa que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad del titular del Ejecutivo, quien representa al gobierno mexicano.
También a favor, el senador Rabindranath Salazar Solorio, del PRD, destacó que las causales de recesión de contratos o revocación de asignaciones son muy laxas, como es el caso de la remisión de información o de reportes falsos o incompletos por parte de los contratistas, no se deben permitir abusos y las sanciones deben ser ejemplares.
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