COMUNICADO-1203

•  La ley es inconsistente con la función de control democrático del Senado de la República

La propuesta de dictamen sobre la Ley de Pemex es inconsistente con la función de control democrático del Senado de la República, incompatible como mecanismo de construcción de la voluntad del Estado y lejano a los principios de gobierno corporativo internacionalmente reconocidos para empresas estatales.

Así lo aseguró el senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del PRD, al reservar diversos artículos de la Ley en materia, relativos al nuevo modelo del consejo de administración de Pemex.

En su exposición, el legislador expuso que existe una “huella indeleble” de la autoría externa del dictamen, “a partir de la imposibilidad, por lo menos de su servidor, de pensar que un senador puede redactar una sola línea que le reste facultades a la institución, a la asamblea, al órgano colegiado al que pertenece”.

Al respecto, cuestionó si al conformar el dictamen, los legisladores tomaron en cuenta los lineamientos, sugerencias o recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó acerca de los principios de gobierno corporativo que deben aplicarse a las empresas estatales.

De acuerdo con dichas directrices, dijo, el Estado debe confiar la administración de la empresa en el Consejo de Administración correspondiente y evitar interferir en la administración de la empresa y de los nombramientos. Ello no implica que el Estado no participe en la conducción de las actividades de la empresa, sino que emita lineamientos o políticas generales y confié la administración cotidiana en los miembros del Consejo de Administración.

Sobre regulación de mercado, señaló, los gobiernos deberán esforzarse en simplificar las prácticas operativas y el régimen jurídico con el que funcionan las empresas públicas; su régimen jurídico deberá permitir a los acreedores defender su derecho de iniciar procedimientos de insolvencia.

Las reservas presentadas por el senador Zoé Robledo no fueron aprobadas a discusión por el Pleno de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.

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